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El principio de legalidad

El principio de legalidad

Test sobre el Principio de legalidad

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1.- Concepto y garantías del principio de legalidad

Constituyen un principio básico y esencial del Derecho Penal, porque integra una de las máximas garantías del ciudadano. Puede considerarse pieza básica o fundamento en el que se apoya el Derecho Penal actual. Puede enunciarse estableciendo que “no puede imputarse a nadie un delito que no haya sido establecido por Ley con anterioridad a su perpetración”; o dicho en otras palabras: nunca puede considerarse una acción como delictiva si antes de su comisión no estaba catalogada como tal. Este principio es comúnmente enunciado con la expresión latina “nullum crimen sine previa lege”.

La formulación doctrinal del principio “nullum crimen, nulla poena sine lege”, en el sentido moderno que hoy se le atribuye, tiene lugar en el siglo XVIII y puede considerarse mérito principal del italiano Beccaria y del alemán Feuerbach. Este último fue quien lo formuló en tales términos latinos.

Presenta las siguientes características:

  • Representa una lucha contra la incerteza (“ius incertum”) y la inseguridad, características del Derecho Penal del antiguo régimen. La potestad punitiva del Estado queda enmarcada dentro de límites precisos, y los derechos individuales garantizados frente a cualquier eventual intervención arbitraria de los poderes públicos.
  • Es consustancial al Estado de Derecho y, por tanto, suele aparecer consagrado a nivel constitucional, como principio político-jurídico fundamental y básico, y repudiado o, de hecho, quebrantado por los regímenes totalitarios.

En España aparece recogido en la C.E. en los siguientes términos:

“Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones y omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento” (art. 25.1) “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos” (art. 9.3)

2.- Fundamento del principio de legalidad

3.- El principio de reserva de Ley Orgánica

-Ni por la costumbre, ni por el poder ejecutivo, ni por el poder judicial pueden crearse normas penales.

-El artículo 81.1 CE establece reserva absoluta de ley orgánica para las que desarrollan derechos fundamentales y libertades públicas (es decir, que las leyes penales han de aprobarse, modificarse y derogarse por mayoría absoluta del Congreso); aunque para el TC es sólo una reserva relativa, circunscrita a las leyes que prevén la imposición de penas privativas de libertad (SSTC 25/1984; 140/1986; 118/1992; 24/2004, en las que se afirma la reserva absoluta de ley en materia penal, y SSTC 140 y 160/1986, donde se mantiene el carácter relativo de esa reserva)

4.- Garantías.

4.1.- Garantías penales

Del principio de legalidad se derivan cuatro garantías:

4.1.1 Garantía criminal(“nullum crimen sine lege”)

Tiene las siguientes manifestaciones legales:

  • “No será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito o falta por Ley anterior a su perpetración” (art. 1, párrafo 1 C.P.)
  • “Las medidas de seguridad sólo podrán aplicarse cuando concurran los presupuestos establecidos previamente por la Ley” (párrafo 2, art. 1 C.P.)
  • “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que, en el momento de producirse, no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento” (art. 25.1 C.E.)
  • “Son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley” (art. 10 C.P.)

4.1.2 Garantía penal(“nulla poena sine lege”)

Queda consagrado en el C.P. al disponer que “no será castigado ningún delito ni falta con pena que no se halle prevista por Ley anterior a su perpetración. Carecerán, igualmente, de efecto retroactivo las Leyes que establezcan medidas de seguridad” (art. 2, párrafo 1 C.P.)

4.1.3 Garantía procesal o jurisdiccional

Tiene las siguientes manifestaciones legales:

  • “… todos tienen derecho… a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías…” (art. 24.2 C.E.)
  • “No se impondrá pena alguna por consecuencia de actos punibles cuya represión incumba a la jurisdicción ordinaria, sino de conformidad con las disposiciones del presente Código o de leyes especiales y en virtud de sentencia dictada por Juez competente” (art. 1 L.E.Cr.)
  • “No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales” (art. 3, párrafo 1 C.P.)

4.1.4 Garantía de ejecución o penitenciaría

Tiene las siguientes manifestaciones legales:

  • “El condenado a pena de prisión que estuviera cumpliendo la misma, gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria” (art. 25.2 C.E.)
  • “Tampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita por la Ley y Reglamentos que la desarrollan, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto. La ejecución de la pena o de la medida de seguridad se realizará bajo el control de los Jueces y Tribunales competentes” (art. 3, párrafo 2 C.P.)

Tanto la garantía criminal como la penal aparecen ratificadas en el C.P. al establecer que “en el caso de que un Juez o Tribunal, en el ejercicio de su jurisdicción, tenga conocimiento de alguna acción u omisión que, sin estar penada por la Ley, estime digna de represión, se abstendrá de todo procedimiento sobre ella y expondrá al Gobierno las razones que le asistan para creer que debiera ser objeto de sanción penal” (art. 4.2)

“Del mismo modo acudirá al Gobierno exponiendo lo conveniente sobre la derogación o modificación del precepto o la concesión de indulto sin perjuicio de ejecutar desde luego la sentencia, cuando de la rigurosa aplicación de las disposiciones de la Ley resulte penada una acción u omisión que, a juicio del Juez o Tribunal, no debiera serlo o cuando la pena sea notablemente excesiva, atendidos el mal causado por la infracción y las circunstancias personales del reo” (art. 4.3 C.P.)