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El principio de legalidad

El principio de legalidad

Test sobre el Principio de legalidad

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En virtud del principio de legalidad todos los poderes públicos están sujetos a la Ley, desarrollada por la representación habitual constituida en el Parlamento.

¿Qué es el principio de legalidad?

En el principio de legalidad encuentran los poderes públicos simultáneamente un inicio de legitimidad, en relación su actuación queda apoyada en un Derecho democráticamente consentido, y un inicio de limitación formal o jurídica, en relación que su actividad tiene en tal Derecho la frontera de su obrar legítimo. Como aseguró el Tribunal Constitucional en su Sentencia TC 108/1986, de 29 de julio, el principio de legalidad es un dogma básico del sistema liberal democrático.

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¿Dónde se regula?

Nuestra Constitución de 1978 en su artículo primero configura al Estado español como Estado Popular y Democrático de Derecho, acuñando en esta fórmula, que debe interpretarse de manera dentro y no según cada elemento que la compone por separado, la cristalización del Estado liberal de Derecho en Estado democrático y sumado, tras el tiempo de entreguerras, el Welfare State o Estado del Confort, en el que el Estado ya no es un espectador pasivo de las acciones de los particulares, bajo las reglas del Derecho, para transformarse en un jugador más que participa en las facetas que son exactas en la sociedad.

El principio de legalidad comunica por consiguiente todo el texto constitucional y por lo tanto todo nuestro ordenamiento jurídico. Desde su Preámbulo, que proclama la intención de la Nación De españa “de consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la Ley como expresión de la intención habitual”, a sus diferentes artículos. Precisamente, el art. 9 dispone en su apartado primero que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

En su apartado tercero dispone que la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la propaganda de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos particulares, la seguridad jurídica, la compromiso y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. El art. 97 recuerda al Gobierno que debe ejercer sus funcionalidades según la Constitución y las leyes.

Abundando en el principio de legalidad, además tenemos la posibilidad de citar el art. 10.

Pero el principio de legalidad, más allá de desplegarse en todas las ramas y recovecos del ordenamiento jurídico, cobra una enorme consideración en el tema penal y en el tema de actuación de la Gestión, de esta forma como en el tributario.

En el tema penal actúa en el aforismo “nullum delito nulla poena sine lege” , que se traduce en la imposibilidad de que los poderes públicos logren utilizar sanciones cuando no están reconocidas en una ley. La garantía de los ciudadanos se apoya en comprender qué actuaciones están prohibidas para entender a qué atenerse, aunque el desconocimiento de la ley no exima de su cumplimiento. Este inicio básico del derecho penal se recopila por la Constitución en su art. 25.

En el tema administrativo, es requisito que nos refiramos al art. 103.1 CE. La sumisión a la ley de la actividad administrativa piensa, en expresiones de Garrido Falla, de un lado, la sumisión de los actos administrativos concretos a las disposiciones vigentes de carácter general, y de otro, la sumisión de los órganos que dictan disposiciones en general al ordenamiento jerárquico de las fuentes del Derecho.

En el tema tributario el art. 133 CE dispone que la potestad originaria para detallar tributos corresponde de forma exclusiva al Estado, por medio de Ley.

El Tribunal Constitucional se ha apoyado en la cláusula del Estado de Derecho y en el principio de legalidad para negar las fuentes de hecho de los poderes públicos (Auto del Tribunal Constitucional 525/1987), para reclamar la razón de las sentencias judiciales (Sentencia del Tribunal Constitucional 55/1987) o para imponer el carácter obligación de su cumplimiento (Sentencia del Tribunal Constitucional 67/1984).

El principio de legalidad se ve garantizado además por el papel de los Tribunales, de un poder judicial sin dependencia que controla el acatamiento a la ley de los poderes públicos. Exactamente, es requisito referirnos al art. 106.1 CE. La primordial tutela judicial eficaz a que todas la gente tienen derecho se consagra en el art. 24.1. Además se prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos y se establece la compromiso de la Gestión Pública cuando en su actuación no se someta a la ley, respondiendo de los perjuicios y perjuicios que cause con su actuación. De esta forma lo refleja el art. 106.2.

El principio de legalidad, hoy, significa además:

  • a) Que no sólo la Gestión Pública sino todos los poderes públicos, en su más extenso sentido, están sujetos a la Ley. No hay espacios exentos a la acción del Derecho.
  • b) Que por Ley no debe entenderse sólo, como en los orígenes del Estado liberal, la emanada del Parlamento, sino además y desde luego la Constitución, norma suprema del ordenamiento jurídico, las normas del Gobierno con rango de Ley (Decretos Leyes y Decretos legislativos), los Tratados y Convenios De todo el mundo, la práctica y los principios en general del Derecho, e de todas formas los Estatutos o normas dictadas por nuestra Gestión, y todo ello en el marco del Estado autonómico y en el tema de las respectivas competencias.

Por último, no debemos dejar de llevar a cabo una corto referencia a la controvertida “positive und negative Bindung”. La vinculación efectiva supone que lo que no se permite está contraindicado (quae non sunt permissae, prohibitia intelliguntur) y la vinculación negativa supone que lo que no está contraindicado se permite (permissum videtur in omne quod non prohibitum; quae non sunt prohibitia permissae intelliguntur). La primera era la fórmula entendida por los contenidos escritos franceses de la primera etapa revolucionaria: siendo la ley la exclusiva fuente de la intención estatal, el monarca y la Gestión se convierten en un mero “poder ejecutivo”, todas las acciones de la Gestión tienen que apoyarse y justificarse en una ley previa que le habilite para realizarlas.

La segunda concepción es la que acogen los principados alemanes a comienzos del siglo XIX, de acuerdo con la cual es elemental la ley solamente cuando resulten perjudicadas la independencia o la propiedad de los ciudadanos, pero no en el resto de las situaciones. Sobre este pilar se edifica el criterio de reserva de ley. Esta cuestión fue demasiado disputa en Alemania a lo largo de la vigencia de la Constitución de Weimar en lo referente al reparto de competencias entre el estado Federal y los diferentes Länder pertenecientes de la federación. Extrapolado a nuestros días la vinculación efectiva supone que debe regularse por ley, a la que se atendrán todos los poderes públicos, todo lo que a esta reserve la Constitución, y la vinculación negativa supone que las materias no reservadas a la ley tienen la posibilidad de ser reguladas por el Reglamento emanado del poder ejecutivo.

De todos modos el principio de legalidad trabaja principalmente por medio del inicio de reserva de ley, que nuestra Constitución acoge con carácter disperso y fragmentado. La Constitución remite en varias oportunidades ciertas materias como los derechos y libertades o las instituciones escenciales del Estado a su regulación por ley, orgánica u ordinaria, estatal o autonómica, pero norma con rango de ley. No obstante, el Parlamento tiene una vis interesante para regular todas las materias que considere oportuno, inclusive si no las ha guardado de manera directa la Constitución (reserva formal), y ello supone una presunción de legalidad muy extensa en todo lo relacionado, principalmente, con los derechos y libertades de la persona. Además es verdad sin embargo que el art. 97 reconoce al poder ejecutivo un poder reglamentario desvinculado de la potestad ejecutiva, que trasciende la mera ejecución de la ley y que proporciona carta de naturaleza al reglamento sin dependencia. No obstante, como apunta García de Enterría, en la Constitución hay una presunción de necesidad del principio de legalidad en todo aquello que afecte a la esfera de los ciudadanos.

Secretos para test del principio de legalidad…

  • En el principio de legalidad encuentran los poderes públicos simultáneamente un inicio de legitimidad, en relación su actuación queda apoyada en un Derecho democráticamente consentido, y un inicio de limitación formal o jurídica.
  • El principio de legalidad, más allá de desplegarse en todas las ramas y recovecos del ordenamiento jurídico, cobra una enorme consideración en el tema penal y en el tema de actuación de la Gestión, de esta forma como en el tributario.
  • El principio de legalidad se ve garantizado además por el papel de los Tribunales, de un poder judicial sin dependencia que controla el acatamiento a la ley de los poderes públicos.
  • El principio de legalidad trabaja principalmente por medio del inicio de reserva de ley, que nuestra Constitución acoge con carácter disperso y fragmentado.

1.- Concepto y garantías del principio de legalidad

Constituyen un principio básico y esencial del Derecho Penal, porque integra una de las máximas garantías del ciudadano. Puede considerarse pieza básica o fundamento en el que se apoya el Derecho Penal actual. Puede enunciarse estableciendo que “no puede imputarse a nadie un delito que no haya sido establecido por Ley con anterioridad a su perpetración”; o dicho en otras palabras: nunca puede considerarse una acción como delictiva si antes de su comisión no estaba catalogada como tal. Este principio es comúnmente enunciado con la expresión latina “nullum crimen sine previa lege”.

La formulación doctrinal del principio “nullum crimen, nulla poena sine lege”, en el sentido moderno que hoy se le atribuye, tiene lugar en el siglo XVIII y puede considerarse mérito principal del italiano Beccaria y del alemán Feuerbach. Este último fue quien lo formuló en tales términos latinos.

Presenta las siguientes características:

  • Representa una lucha contra la incerteza (“ius incertum”) y la inseguridad, características del Derecho Penal del antiguo régimen. La potestad punitiva del Estado queda enmarcada dentro de límites precisos, y los derechos individuales garantizados frente a cualquier eventual intervención arbitraria de los poderes públicos.
  • Es consustancial al Estado de Derecho y, por tanto, suele aparecer consagrado a nivel constitucional, como principio político-jurídico fundamental y básico, y repudiado o, de hecho, quebrantado por los regímenes totalitarios.

En España aparece recogido en la C.E. en los siguientes términos:

“Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones y omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento” (art. 25.1) “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos” (art. 9.3)

2.- Fundamento del principio de legalidad

3.- El principio de reserva de Ley Orgánica

-Ni por la costumbre, ni por el poder ejecutivo, ni por el poder judicial pueden crearse normas penales.

-El artículo 81.1 CE establece reserva absoluta de ley orgánica para las que desarrollan derechos fundamentales y libertades públicas (es decir, que las leyes penales han de aprobarse, modificarse y derogarse por mayoría absoluta del Congreso); aunque para el TC es sólo una reserva relativa, circunscrita a las leyes que prevén la imposición de penas privativas de libertad (SSTC 25/1984; 140/1986; 118/1992; 24/2004, en las que se afirma la reserva absoluta de ley en materia penal, y SSTC 140 y 160/1986, donde se mantiene el carácter relativo de esa reserva)

4.- Garantías.

4.1.- Garantías penales

Del principio de legalidad se derivan cuatro garantías:

4.1.1 Garantía criminal(“nullum crimen sine lege”)

Tiene las siguientes manifestaciones legales:

  • “No será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito o falta por Ley anterior a su perpetración” (art. 1, párrafo 1 C.P.)
  • “Las medidas de seguridad sólo podrán aplicarse cuando concurran los presupuestos establecidos previamente por la Ley” (párrafo 2, art. 1 C.P.)
  • “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que, en el momento de producirse, no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento” (art. 25.1 C.E.)
  • “Son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley” (art. 10 C.P.)

4.1.2 Garantía penal(“nulla poena sine lege”)

Queda consagrado en el C.P. al disponer que “no será castigado ningún delito ni falta con pena que no se halle prevista por Ley anterior a su perpetración. Carecerán, igualmente, de efecto retroactivo las Leyes que establezcan medidas de seguridad” (art. 2, párrafo 1 C.P.)

4.1.3 Garantía procesal o jurisdiccional

Tiene las siguientes manifestaciones legales:

  • “… todos tienen derecho… a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías…” (art. 24.2 C.E.)
  • “No se impondrá pena alguna por consecuencia de actos punibles cuya represión incumba a la jurisdicción ordinaria, sino de conformidad con las disposiciones del presente Código o de leyes especiales y en virtud de sentencia dictada por Juez competente” (art. 1 L.E.Cr.)
  • “No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales” (art. 3, párrafo 1 C.P.)

4.1.4 Garantía de ejecución o penitenciaría

Tiene las siguientes manifestaciones legales:

  • “El condenado a pena de prisión que estuviera cumpliendo la misma, gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria” (art. 25.2 C.E.)
  • “Tampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita por la Ley y Reglamentos que la desarrollan, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto. La ejecución de la pena o de la medida de seguridad se realizará bajo el control de los Jueces y Tribunales competentes” (art. 3, párrafo 2 C.P.)

Tanto la garantía criminal como la penal aparecen ratificadas en el C.P. al establecer que “en el caso de que un Juez o Tribunal, en el ejercicio de su jurisdicción, tenga conocimiento de alguna acción u omisión que, sin estar penada por la Ley, estime digna de represión, se abstendrá de todo procedimiento sobre ella y expondrá al Gobierno las razones que le asistan para creer que debiera ser objeto de sanción penal” (art. 4.2)

“Del mismo modo acudirá al Gobierno exponiendo lo conveniente sobre la derogación o modificación del precepto o la concesión de indulto sin perjuicio de ejecutar desde luego la sentencia, cuando de la rigurosa aplicación de las disposiciones de la Ley resulte penada una acción u omisión que, a juicio del Juez o Tribunal, no debiera serlo o cuando la pena sea notablemente excesiva, atendidos el mal causado por la infracción y las circunstancias personales del reo” (art. 4.3 C.P.)