• Inicio
  • LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO

LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO

  • Concepto.

  • Bien jurídico protegido.

  • Titulares del derecho.

  • Entrada legítima en el domicilio.

Por inviolabilidad del domicilio se debe entender el derecho a impedir cualquier tipo de intromisión en el área física en que una persona desarrolla su vida privada. En el devenir histórico este concepto ha ido mutando, empezando por una concepción en la que se entendía que era una garantía de libertad del ciudadano, ya que no se podía detener a este en su domicilio sin la consecuente autorización judicial. Sin embargo, a día de hoy se entiende como una garantía de la vida privada de la persona. Por lo tanto nuestra Constitución regula este derecho como una garantía de la privacidad (artículo 18.2).

Para la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el domicilio inviolable es un área donde el individuo vive y desarrolla sus actividades personales sin tener por qué seguir los convencionalismos sociales y así poder llevar a cabo su libertad más personal. Por tanto queda protegido por este derecho tanto el lugar de residencia como aquellos lugares en que el sujeto desarrolla su intimidad de manera transeúnte. Y en cuanto a las personas jurídicas el encuadre de su domicilio según la definición de la Constitución plantea una serie de problemas, dado que no puede darse por válido que esta garantía constitucional ampare cualquier localidad de la libre disposición de la persona jurídica, con lo cual debe entenderse que el único espacio afecto por este derecho sería la sede social, aquel en que la persona jurídica desarrolla de manera efectiva su actividad privada.

En cuanto al bien jurídico protegido en este derecho hay que hacer una distinción, ya que aunque la Constitución lo regule dentro del mismo artículo que la intimidad, se entiende que son dos bienes jurídicos distintos, por un lado está la inviolabilidad del domicilio y por otro la intimidad personal y familiar. De ello se deduce que se puede vulnerar el primero sin que se afecte al segundo, con lo cual se le puede reconocer la inviolabilidad del domicilio a las personas jurídicas (punto que trataremos a continuación). Por otro lado las leyes europeas, en concreto el Convenio Europeo de Derechos Humanos, también ha regulado de manera concreta este derecho con otro, en este supuesto fue con con el secreto de las comunicaciones y el derecho a la intimidad. Debe entenderse también que aunque encuadrados en el mismo articulado, se siguen mereciendo una protección diferenciada, ya que como hemos dicho y recalcamos, son bienes jurídicos distintos.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, pasamos a tratar cuales son los sujetos titulares. Si se estudia la jurisprudencia del Tribunal Constitucional nos damos cuenta de que este derecho no sólo le ha sido reconocido a las personas físicas, sinotambién a las jurídicas. Con la salvedad de que se entiende para ellas como domicilio aquel espacio físico imprescindible para que la persona jurídica desarrolle su actividad sin que haya intromisiones ajenas. Es decir, hablamos del centro de dirección de la sociedad o sitio que sirva de guarda de sus documentos u otros medios de almacenamiento de información.

A la hora de tratar la entrada legítima en el domicilio, el artículo 18.2 de la Constitución prevé unos supuestos concretos:

  1. Consentimiento del titular: es el consentimiento otorgado directamente y sin que medien intermediarios, por el titular de la vivienda, dicho consentimiento puede ser otorgado de manera expresa o dado de manera tácita.

  2. Resolución judicial: dicha autorización debe ser concedida por el juez que instruya el caso correspondiente. Sin duda, cabe la posibilidad de que la entrada en el domicilio sea necesaria para ejecutar un acto administrativo, en ese caso deberá ser otorgada la resolución judicial por el juez de lo Contencioso Administrativo.

  3. Delito flagrante: será todo aquel delito que se estuviere cometiendo en ese preciso instante o se acabase de cometer.

  4. Estado de necesidad: la Ley 4/2015 o Ley de Seguridad Ciudadana establece que será causa legítima suficiente para entrar en un domicilio particular “la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y las cosas, en supuestos de catástrofe, ruina, calamidad, u otros semejantes”. Desde otro punto de vista la doctrina constitucional ha señalado que el Estado de Necesidad o fuerza mayor es causa legal para proceder a la entrada en el domicilio.

Artículos y leyes de referencia:

– Artículo 18.2 Constitución Española: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1978-31229

– Ley 4/2015 Ley de Seguridad Ciudadana: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3442

– Convenio Europeo de los Derechos Humanos: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010