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LEY DE DE PROTECCIÓN DE DATOS LO 15/1999

Para empezar a hablar de la actual Ley de Protección de Datos (LO 15/1999), hace falta hacer referencia al encuadre jurídico de dicha ley, es decir, hay que ver otros lugares de nuestro Ordenamiento Jurídico donde se trata una temática similar. Es simple, hablamos de la Constitución del año 1978, que en su artículo 18.4 “la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”.

Nuestra Carta Magna es una de las primeras en proteger la intimidad frente a los retos que plantea el tratamiento de los datos nombrados como sensibles de los ciudadanos a través de los ficheros informatizados, lo que no se ha hecho hasta la LO 15/1999, del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.

Esta ley pretende regular, proteger y limitar el tratamiento automatizado de datos de carácter personal, especialmente de los datos denominados sensibles, regulando los derechos de los posibles afectados por estos datos (derechos de información y acceso, rectificación y cancelación), que van a representar una larga enumeración de excepciones por interés público. Por otro lado, parte del objeto de esta ley es la protección de las libertades públicas y derechos fundamentales de las personas físicas, especialmente en su manifestación en los derechos al honor y a la intimidad personal y familiar, que recoge el artículo 18 de la Constitución Española.

Por supuesto, muchos nos preguntamos que son los datos de carácter personal; bien, el artículo 3. a) de esta ley los define como: “cualquier información concerniente a las personas físicas identificadas o identificables”.

Hay que establecer sin duda cual es el ámbito de aplicación de esta ley, según el artículo 2 serán “los datos de carácter personal registrados en soporte físico, que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado”. Traducido al lenguaje de los mortales serán aquellos datos personales de los ciudadanos que por su interés o valor tengan una aplicación concreta por parte de la Administración Pública o entes privados.

El articulado de esta Ley se podrá aplicar a todo el territorio nacional, tanto peninsular como insular y ciudades autónomas (Ceuta y Melilla), a aquellas personas que aún no residiendo en España les sea aplicable nuestro Ordenamiento jurídico. Para ver a los entes a los que no se les aplicaría esta Ley hay que acudir al artículo 2.2.

Dentro de las novedades que plantea esta ley está la creación de la denominada Agencia de Protección de Datos, como Ente de Derecho Público, que debe actuar con independencia de las demás Administraciones Públicas en el desarrollo y ejercicio de sus funciones, es decir, debe ser independiente e imparcial, principios básicos también de nuestro Ordenamiento Jurídico.

Además los ciudadanos deben saber que no están indefensos ante los Organismos Públicos, como sujetos pasivos que somos de las normas, contamos con una serie de derechos y medidas de protección. Con carácter general, en primer lugar y por el sólo hecho de relacionarnos con la Administración, ya tenemos derecho a comunicarnos con la Administración a través de un Punto de Acceso General Electrónico, a ser asistidos en el uso de estos medios electrónicos que a día de hoy se le resisten a tanta gente, a utilizar las lenguas oficiales del territorio español, con lo cual si un andaluz necesita ser atendido en Cataluña no se le podrá negar asistencia en lengua castellana. También tenemos derecho al acceso de la información pública que se tenga en archivos y registros, a ser tratados con resto y decoro por parte de las autoridades administrativas. Tenemos derecho a exigir la responsabilidad de la Administración en caso de ser necesario, a la simplificación de trámites legales por medio del uso de los sistemas de identificación y firma electrónica. Por supuesto y a colación de lo tratado en esta ley a la protección de datos de carácter personal, y en concreto a la protección y confidencialidad de los datos recogidos en ficheros y demás medios de compilación de la Administración Pública. Sin olvidar que tendremos todos los demás derechos que recoja cualquier ley específica.

Con carácter específico, dentro de la Ley 15/1999, se protegen los derechos a la impugnación de las valoraciones, el derecho de consulta al Registro General de Protección de Datos, el derecho de acceso a la información que se tenga sobre el interesado, derecho de rectificación y cancelación de datos, y por supuesto el derecho de indemnización. Todos estos derechos están recogidos en los artículos 13 a 19 de dicha Ley.

Las normas jurídicas comentadas en este artículos fueron: