• Inicio
  • Orden Europea de Detención y Entrega

Orden Europea de Detención y Entrega

Cooperación Jurídica Internacional
Orden Europea de Detención y Entrega

Cooperación Jurídica Internacional

Orden Europea de Detención y Entrega

Procedimiento

Indice.

A. PROTOCOLO

I. INTRODUCCIÓN.

II. CUESTIONES GENERALES.
1. LEGISLACIÓN APLICABLE.
2. CONCEPTO.
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
3.1. Ámbito territorial.
3.2. Ámbito temporal.
a) Régimen general
b) Régimen especial relativo a la fecha de comisión de los hechos.
c) Régimen transitorio.
3.3. Ámbito material.
4. AUTORIDADES COMPETENTES EN ESPAÑA.
4.1. Para la emisión.
4.2. Para la ejecución.
4.3. Red Judicial Europea, Red Judicial Española y Red del Ministerio Fiscal en materia de cooperación judicial internacional.
4.4. Autoridad central.
4.5. Eurojust.
5. AUTORIDADES COMPETENTES EN EL RESTO DE ESTADOS MIEMBROS.
5.1. Para la ejecución.
5.2. Autoridad central.

III. EMISIÓN DE UNA ORDEN EUROPEA.
1. SOLICITUD.
1.1. Órgano que la solicita.
1.2. Contenido.
1.3. Idioma.
2. TRANSMISIÓN.
2.1. Vías.
a) Persona reclamada en paradero desconocido.
b) Persona reclamada en paradero conocido.
c) Sistema de Telecomunicaciones Protegido de la Red Judicial Europea.
2.2. Supuestos especiales de transmisión.
2.3. Situación en espera de la decisión.
a) Toma de declaración de la persona en espera de la decisión.
b) Traslado temporal del reclamado.
2.4. Actuaciones posteriores a la decisión de entrega.
2.4.1. Entrega suspendida o condicional.
2.4.2. Entrega de objetos.

IV. EJECUCIÓN DE UNA ORDEN EUROPEA.
1. ACTUACIONES INICIALES.
1.1. Recepción de la orden europea.
1.2. Detención y puesta a disposición judicial.
2. PROCEDIMIENTO.
2.1. Audiencia.
2.2. Tramitación.
2.3. Idiomas
2.4. Situación en espera de la decisión.
a) Toma de declaración de la persona reclamada.
b) Traslado temporal de la persona reclamada.
3. CAUSAS DE DENEGACIÓN Y CONDICIONAMIENTO A LA ENTREGA.
3.1. Doble incriminación.
a) Lista de delitos.
b) Régimen general.
3.2. Causas de denegación imperativas.
3.3. Causas de denegación facultativas.
3.4. Garantías que deberán ser solicitadas del Estado emisor en casos particulares.
4. DECISIÓN SOBRE LA ENTREGA.
4.1. Autoridad que decide.
4.2. Plazos para adoptar la decisión.
4.3. Decisión en caso de concurrencia de solicitudes.
a) Entre dos o más Estados miembros.
b) Entre un Estado miembro y un tercer Estado.
c) Obligaciones derivadas del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
5. ENTREGA DE LA PERSONA RECLAMADA.
5.1. Entrega ordinaria.
5.2. Entrega suspendida o condicional.
5.3. Entrega de objetos.

V. DISPOSICIONES ESPECIALES.
1. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.
1.1. Concepto.
1.2. Supuestos en los que no es necesario obtener la autorización.
1.3. Supuestos de aplicación.
2. ENTREGA ULTERIOR A UNA ENTREGA POR ORDEN EUROPEA.
2.1. Concepto.
2.2. Supuestos en los que no es necesario obtener la autorización.
2.3. Supuestos de no aplicación.
3. ENTREGA ULTERIOR A UNA EXTRADICIÓN.
4. EXTRADICIÓN ULTERIOR A ENTREGA POR ORDEN EUROPEA.
4.1. España como solicitante del consentimiento.
4.2. España como Estado de ejecución de la orden europea y que da el consentimiento a la extradición.
5. TRÁNSITO.
6. INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS.

B. ANEXO

1. APARTADO 1.

2. APARTADO 2.
2.1. Formularios de la orden europea de detención y entrega.
2.2. Manual para la cumplimentación de la orden europea de detención y entrega.
2.3. Ejemplo de cumplimentación de una orden europea de detención y entrega.

3. APARTADO 3. SISTEMA DE INFORMACIÓN SCHENGEN. OFICINA SIRENE ESPAÑA.

4. APARTADO 4. INTERPOL. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICÍA CRIMINAL.

5. APARTADO 5. DIRECCIONES ÚTILES.

Introducción

La Unión Europea ha puesto a disposición de los ciudadanos un espacio compartido de paz y prosperidad, dotado de un mercado único y una moneda única. Como respuesta a ese amplio grado de integración y libre circulación obtenido por la Unión Europea, el Tratado de Ámsterdam de 1997 introdujo la noción de Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. En el ámbito judicial, el Consejo Europeo de Tampere de 1999 destacó como piedra angular de la cooperación judicial el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales emitidas en los Estados miembros. Este principio está basado en la confianza que todos los Estados miembros tienen respecto de sus ordenamientos de que éstos respetan los derechos y libertades fundamentales, las garantías procesales y los valores propios del Estado democrático y de Derecho, como principios básicos conformadores de la convivencia.

Con el reconocimiento mutuo se pretende, por un lado, evitar que las divergencias entre los sistemas legislativos y judiciales nacionales se conviertan en un obstáculo para la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, en particular, a través de la agilización de trámites y por otro, contribuir a la configuración de un espacio judicial europeo integrado en el que las resoluciones judiciales nacionales sean ejecutadas en todos los Estados miembros de la Unión Europea, favoreciendo la cooperación directa entre autoridades judiciales.

La Decisión marco sobre orden europea de detención y entrega, adoptada por el Consejo de la Unión europea el 13 de junio de 2002 durante la Presidencia española, constituye la primera expresión del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales en materia de entrega de personas acusadas o condenadas por un delito. Ha sentado un importantísimo precedente al sancionar toda una serie de principios nuevos en la cooperación judicial entre los Estados miembros de la Unión Europea:
Cooperación judicial directa entre autoridades judiciales, lo que lleva a la sustitución del lento procedimiento de extradición mediante la supresión de la intervención gubernativa, innecesaria como consecuencia del principio de la confianza, y a la agilización del procedimiento judicial.
Amplia supresión del principio de doble incriminación (hechos son constitutivos de delito en ambos Estados) y reducción de los motivos de denegación al mínimo.
Creación de un documento único, sencillo y breve, denominado orden europea, que conlleva una reducción de trámites y de documentación a remitir (formulario de siete páginas, único para todas las autoridades judiciales de la Unión Europea).
Plazos muy breves de tramitación y decisión sobre la entrega del reclamado
Inclusión de mecanismos que, como la entrega temporal, permiten la agilización de la cooperación judicial y la acción de la justicia

El presente documento ha sido elaborado por un Grupo de expertos en cooperación judicial internacional, procedentes del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado, de la Audiencia Nacional y de los Ministerios de Justicia e Interior, para servir como herramienta de trabajo a los operadores judiciales que van a utilizar la orden europea. Se trata de facilitar al máximo el conocimiento y familiarización con el novedoso procedimiento de cooperación judicial directa, de juez a juez, que instaura la orden europea y difundir la información relativa a los demás Estados miembros.

II. Cuestiones Generales.

1. LEGISLACIÓN APLICABLE
Ley 3/2003, de 14 de marzo sobre la orden europea de detención y entrega. BOE 65/2003, de 17 de marzo (en adelante, la Ley).
Ley Orgánica 2/2003, de 14 de marzo, complementaria de la Ley sobre la orden europea de detención y entrega. BOE 65/2003, de 17 de marzo.

La Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados Miembros (en adelante, la Decisión marco) no es directamente aplicable por las autoridades judiciales españolas, que sólo pueden aplicar las normas internas de transposición (artículo 34 del Tratado de la Unión Europea), si bien puede emplearse para aclarar el sentido de algunas disposiciones legales.

La legislación de transposición adoptada por los demás Estados miembros puede consultarse en este portal o en la siguiente página web: El Consejo de la Unión Europea: Cooperación Policial y Judicial: Législation Nationale.

2. CONCEPTO (Artículo 1 de la Ley)

La orden europea de detención y entrega (en adelante, orden europea), es una resolución judicial dictada en un Estado miembro de la Unión Europea con vistas a la detención y entrega por otro Estado miembro de una persona a la que se reclama para:
el ejercicio de acciones penales (entrega para el enjuiciamiento).
la ejecución de una pena o ejecución de una medida de seguridad privativa de libertad (entrega para el cumplimiento de condena).

Si, por las razones concurrentes, resulta posible que el reclamado pueda encontrarse en el extranjero, la emisión de la orden europea aumentará la eficacia de la búsqueda, especialmente en el espacio de libre circulación de personas que constituye la Unión Europea.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN
3.1. Ámbito territorial (Artículo 1 y Disposición Adicional Tercera de la Ley)

El sistema de entregas creado por la Decisión marco se aplica en las relaciones con los Estados miembros de la Unión Europea. Ello excluye de su aplicación territorial a Noruega e Islandia, aunque participen del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen.

Ver apartados específicos sobre órdenes europeas provenientes o dirigidas a Gibraltar
3.2. Ámbito temporal (Disposición Transitoria Segunda de la Ley)

a) Régimen general

Emisión de una orden europea (ver apartado III. 2.1)
Persona reclamada en paradero desconocido

A partir del 1 de enero de 2004, la autoridad judicial española que desee dar difusión internacional a una orden de busca y captura, deberá cumplimentar una orden europea de detención y entrega y remitirla a las oficinas SIRENE España y OCN INTERPOL España para que surta efectos como orden europea de detención y entrega y como orden internacional de busca y captura.

Comunicado el hallazgo de la persona buscada:
En un Estado miembro de la Unión Europea que haya comunicado a la Secretaría General del Consejo y a la Comisión Europea el texto y la entrada en vigor de sus disposiciones de transposición de la Decisión marco, la autoridad judicial de emisión española deberá remitir la orden en el plazo que le señale la autoridad judicial de ejecución. Debe tenerse en cuenta que, de no efectuarse el envío dentro del plazo, la persona reclamada puede ser puesta en libertad.
En los demás casos, se iniciará el procedimiento de extradición habitual.
Persona reclamada en paradero conocido

Cuando se conozca el paradero de la persona reclamada, la autoridad judicial española:
Podrá transmitir la orden europea de forma directa a la autoridad judicial del Estado miembro donde se encuentre la persona reclamada, siempre que se trate de un Estado que haya comunicado a la Secretaría General del Consejo y a la Comisión Europea el texto y la entrada en vigor de sus disposiciones de transposición de la Decisión marco. En otro caso, se seguirá el procedimiento de extradición habitual.
Podrá emitir una orden europea para su remisión a SIRENE/INTERPOL conforme a lo expresado en el apartado anterior (persona reclamada en paradero desconocido)

Ejecución de una orden europea.

A partir del 1 de enero de 2004, se procederá a aplicar el nuevo sistema de entregas establecido en la Ley 3/2003, de 14 de marzo, en relación con órdenes europeas provenientes de Estados que hayan comunicado a la Secretaría General del Consejo y a la Comisión Europea el texto y la entrada en vigor de sus disposiciones de transposición de la Decisión marco.

Estados que han comunicado a la Secretaría General del Consejo y a la Comisión Europea el texto y la entrada en vigor de sus disposiciones de transposición de la Decisión marco:

ESPAÑA. Aplicable desde 1 de enero de 2004.

PORTUGAL. Aplicable desde 1 de enero de 2004.

DINAMARCA. Aplicable desde 1 de enero de 2004.

REINO UNIDO Aplicable desde 1 de enero de 2004.

FINLANDIA. Aplicable desde 1 de enero de 2004.

SUECIA. Aplicable desde 1 de enero de 2004.

BÉLGICA. Aplicable desde 1 de enero de 2004.

IRLANDA. Aplicable desde 1 de enero de 2004.

FRANCIA. Aplicable desde el 13 de marzo de 2004.

LUXEMBURGO. Aplicable desde el 26 de marzo de 2004.

AUSTRIA. Aplicable desde el 1 de mayo de 2004.

CHIPRE. Aplicable desde el 1 de mayo de 2004.

HUNGRÍA. Aplicable desde el 1 de mayo de 2004.

ESLOVENIA. Aplicable desde el 1 de mayo de 2004.

POLONIA. Aplicable desde el 1 de mayo de 2004.

LITUANIA. Aplicable desde el 1 de mayo de 2004.

PAÍSES BAJOS. Aplicable desde el 12 de mayo de 2004.

MALTA. Aplicable desde el 7 de junio de 2004.

LETONIA. Aplicable desde el 30 de junio de 2004.

ESTONIA. Aplicable desde el 1 de julio de 2004.

GRECIA. Aplicable desde el 9 de julio de 2004.

ESLOVAQUIA. Aplicable desde el 1 de agosto de 2004.

ALEMANIA. Aplicable desde el 23 de agosto de 2004.

REPÚBLICA CHECA. Aplicable desde el 1 de noviembre de 2004.

ITALIA. Aplicable desde el 14 de mayo de 2005.

Puede también consultarse la siguiente página web: El Consejo de la Unión Europea: Cooperación Policial y Judicial: Législation Nationale.

b) Régimen especial relativo a la fecha de comisión de los hechos.

En relación con las órdenes dirigidas a Francia, Austria e Italia y emitidas en España con posterioridad al momento de entrada en vigor de sus disposiciones nacionales de transposición de las obligaciones de la Decisión marco:
relativas a hechos anteriores:
en el caso de Francia, a 1 de noviembre de 1993
en el caso de Austria e Italia, a 7 de agosto de 2002

Estos Estados seguirán aplicando sus anteriores sistemas de extradición para órdenes europeas (Declaraciones efectuadas conforme al artículo 32 de la Decisión marco y publicadas en el DOCE de 18 de julio de 2002).

Véase el apartado III.2.1 a) del presente Protocolo en relación con estos supuestos.

c) Régimen transitorio

¿Qué ocurre con los procedimientos de extradición que se encuentren en curso en el momento en que se haya procedido por el Estado miembro de que se trate a la comunicación a la UE de la entrada en vigor de las disposiciones naciones de transposición de la Decisión marco?

Continuarán como procedimientos de extradición hasta su conclusión.

¿Qué ocurre con las descripciones introducidas al amparo del artículo 95 del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen en el SIS (Sistema de Información Schengen) antes de esa fecha?

Si la persona reclamada es detenida en España,
y el señalamiento fue introducido por un Estado miembro que aún no ha procedido a adaptar su legislación interna a lo dispuesto por la Decisión marco, se aplicará el procedimiento de extradición.
y el señalamiento fue introducido por un Estado miembro que ya ha adaptado su legislación interna a lo dispuesto por la Decisión marco, se aplicará el régimen de la orden europea de detención y entrega

Si el señalamiento fue introducido a requerimiento de la autoridad judicial española,
y la persona reclamada es detenida en un Estado miembro de la Unión Europea que ha adaptado su legislación interna a lo dispuesto por la Decisión marco, se remitirá la orden europea en el idioma y en los plazos indicados por la autoridad competente de este Estado. Debe tenerse en cuenta que, en estos supuestos, los plazos para la remisión de la orden europea traducida al idioma que haya aceptado el Estado de ejecución pueden ser muy breves (ver cuadro que figura en el apartado III. 2.1.a). Se aconseja, por tanto, a las autoridades judiciales españolas que tengan señalamientos pendientes en el SIS que consideren de particular importancia, que renueven el señalamiento por medio de la cumplimentación de una orden europea y remisión de la misma a la oficina SIRENE España.
y la persona reclamada es detenida en un Estado miembro de la Unión Europea que no ha adaptado su legislación interna a lo dispuesto por la Decisión marco, se aplicará el procedimiento de extradición.
3.3. Ámbito material (Artículo 5 de la Ley)
En entregas para el enjuiciamiento: Hechos para los que la ley penal del Estado de emisión señale en abstracto pena o medida de seguridad privativas de libertad máxima igual o superior a un año de privación.
En entregas para el cumplimiento de condena: pena o medida de seguridad impuesta no inferior a cuatro meses de privación de libertad.

Conviene destacar en relación con estos umbrales de pena que, frente a lo que sucedía en el procedimiento de extradición, ahora se determinan únicamente con referencia a la legislación del Estado de emisión.

4 AUTORIDADES COMPETENTES EN ESPAÑA (Artículo 2 de la Ley)
4.1 Para la emisión

El juez o Tribunal que conozca de la causa en la que proceda dictar la orden.
4.2 Para la ejecución

Los Juzgados Centrales de Instrucción para:
la tramitación inicial del procedimiento
adoptar la decisión sobre la entrega si la persona reclamada consiente y si el Ministerio Fiscal no advierte causas de denegación o condicionamiento de la entrega

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, para la decisión sobre la entrega:
si la persona reclamada no consiente a la entrega o
si el Ministerio Fiscal advirtiera la existencia de causas de denegación o condicionamiento a la entrega.
4.3 Red Judicial Europea, Red Judicial Española y Red del Ministerio Fiscal en materia de Cooperación Judicial Internacional.

La Red Judicial Europea es una institución de la Unión Europea, compuesta por especialistas en cooperación judicial internacional (?puntos de contacto?) que asumen el papel de intermediarios activos para facilitar la cooperación entre las autoridades judiciales de los Estados miembros de la Unión Europea, prestando asistencia a los órganos jurisdiccionales y a los fiscales que lo reclamen para la correcta remisión y eficaz cumplimiento de las solicitudes de cooperación jurisdiccional internacional. A tal efecto:
informan, asesoran y coordinan, en su caso;
llevan a cabo aquellas gestiones tendentes a la agilización de la asistencia judicial internacional, con pleno respeto a la potestad jurisdiccional de los órganos judiciales afectados;
y realizan las indagaciones necesarias para proporcionar al órgano de emisión los datos del órgano de ejecución, y al contrario.

Para apoyar a la Red Judicial Europea y complementar sus actividades, se han creado dos Redes internas:

La Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional (REJUE), regulada por el artículo 76 bis del Reglamento del Consejo General del Poder Judicial 5/1995 (BOE 4-6-03). La REJUE está compuesta por 62 Magistrados altamente especializados en la materia, que se distribuyen por todo el territorio nacional y que se agrupan en dos divisiones: una civil (30) y otra penal (32). El Servicio de Relaciones Internacionales del Consejo General del Poder Judicial es el responsable de la coordinación de la Red y de su adecuado funcionamiento.

La Red de Fiscales de Cooperación Judicial Internacional, regulada por la Instrucción de la Fiscalía General del Estado 2/2003, asume, entre otras, la misión de facilitar los contactos directos de la Fiscalía con las autoridades judiciales internacionales cuando dichos contactos fueran necesarios para la ejecución o la elaboración de una petición de auxilio judicial internacional. Existe al menos un punto de contacto de la Red en cada una de las Fiscalías españolas. Estos puntos de contacto pueden prestar una ayuda importante a la hora de recabar la información necesaria para emitir o ejecutar una orden europea.

Cualquier órgano judicial o fiscal puede solicitar la asistencia o auxilio de alguno de los puntos de contacto de la Red Judicial Europea, o de las dos Redes españolas, cuando lo

consideren necesario para la correcta ejecución de un acto relativo a la emisión o ejecución de una orden europea.

Véase en el apartado 5 del Anexo al presente Protocolo la forma de comunicar con los puntos de contacto de la Red Judicial Europea y de las dos Redes internas de apoyo.
4.4 Autoridad Central

El Ministerio de Justicia, que asume funciones:
en caso de concurrencia de solicitudes con terceros Estados (artículo 23 de la Ley)
en supuestos de tránsito (artículo 25 de la Ley)
estadísticas (véase apartado III 2.1 sobre emisión)

Una de las consecuencias de la instauración del principio de reconocimiento mutuo consiste en el establecimiento de contactos directos entre las autoridades judiciales y la consiguiente desaparición de las funciones que tradicionalmente venía asumiendo el Ministerio de Justicia en tanto que autoridad central.

El Ministerio de Justicia, sin embargo, es el órgano encargado de participar en las reuniones del Consejo de la Unión Europea en las que se procede a evaluar la aplicación de las nuevas Decisiones marco sobre el principio de reconocimiento mutuo. Así, de acuerdo con el apartado 7 del artículo 17 de la Decisión marco, “un Estado miembro que haya sufrido de forma repetida demoras en la ejecución de órdenes de detención europeas por parte de otro Estado miembro, informará al Consejo con el objetivo de evaluar por parte de los Estados miembros de la presente Decisión marco”.

A fin de que el Ministerio pueda cumplir adecuadamente la función, resulta necesario que disponga de información relativa a la forma en que las autoridades judiciales españolas y las de los demás Estados miembros proceden a dar ejecución de las órdenes europeas recibidas.
4.5 EUROJUST.

Es un órgano de la Unión Europea, creado por la Decisión del Consejo de 28 de febrero de 2002 (Decisión 2002/187/JAI, publicada en el DOCE de 6 de marzo de 2002), que tiene, entre otras, la misión de mejorar la cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros, en particular facilitando la ejecución de la asistencia judicial internacional y de las solicitudes de extradición, en el ámbito de la delincuencia grave, especialmente en los casos de delincuencia organizada.

Además de las funciones que específicamente pueda atribuirle la Decisión marco sobre la orden europea de detención ?a las oportunamente se alude de manera específica-, podrá solicitarse del miembro nacional español de EUROJUST su intervención cuando resulte necesario coordinar la actuación de varios Estados miembros en orden a ejecutar una solicitud de entrega, o cuando pueda aportar su colaboración para la mejor cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros.

5. AUTORIDADES COMPETENTES EN EL RESTO DE ESTADOS MIEMBROS.
5.1 Para la ejecución
ALEMANIA: Fiscalías de los Tribunales de 2ª instancia (Oberlandesgerichte) en general. Competentes en tránsito.
AUSTRIA: Tribunas regional (Landergericht) y apelación al superior (Oberlandesgericht).
BÉLGICA: Juez de instrucción y la Sala del Consejo (Chmbre du Conseil).
CHIPRE: Juez de 1ª instancia (Judge of the District Court), de Nicosia, si se desconoce el paradero. Recepción Autoridad Central.
DINAMARCA: Ministerio de Justicia.
ESLOVAQUIA: Fiscales y tribunales regionales del lugar de detención.
ESLOVENIA: Juez de instrucción de los Tribunales municipales. Recepción por Tribunal de distrito.
ESTONIA: Juzgadode 1ª instancia de Tallin y de Tartu. Recepción Autoridad Central.
FINLANDIA: Juzgados penales (Distric Courts) de Helsinki, Kuopio, Oulu y Tampere. Recepción por Fiscales de distrito.
FRANCIA: Procuradores generales (Procureur General ) y órganos de instrucción.
GRECIA: Magistrado Presidente del Tribunal de Apelación, si consiente, Consejo Judicial del Tribunal de apelación si no consiente. Recepción: Fiscal del Tribunal de apelacion donde se detenga (sino, Atenas, competente en tránsito).
HUNGRÍA: Tribunal metropolitano (Court of Budapest). Recepción por Autoridad Central.
IRLANDA: Tribunal Superior (High Court). Recepción de traducción por Autoridad Central.
ITALIA: Tribunales de apelación del territorio (subsidiario de Roma). Recepción: Ministrio de Justicia o al propio Tribunal.
LETONIA: Fiscalía General del Estado (Office of the Prosecutor General).
LITUANIA: Oficina del Fiscal General (Prosecutor General). Oficina de Policía Judicial fuera de horas de oficina.
LUXEMBURGO: Fiscalía, Juez de Instrucción y Sala del Consejo ante el Tribunal de 1ª instancia. Cabe apelación.
MALTA: Court of Committal.
PAÍSES BAJOS: Fiscal del distrito, Juez de Instrucción y Tribunal de Amsterdam (Officier van justitie, rechter-commissaris y el rechtbank d’Amsterdam). Contacto: el fiscal. Oficina SIRENE fuera de las horas de oficina.
POLONIA: Juzgado de distrito (Circuit Court). Recepción por Fiscal de Distrito (Circuit prosecutor) o por Autoridad Central).
PORTUGAL: Audiencias Territoriales (Tribunal de Rlaçao). Recepción: Fiscal del Tribunal de Relaçao o la Procuraduría General de la República.
REINO UNIDO: Inglaterra y Gales: Juez de distrito (District Judge). Escocia Tribunal de 1ª instancia de Lothian y Borders (sheriff). Irlanda del Norte: Juez de un Tribunal del condado (County Court Judge).
REPÚBLICA CHECA: Fiscalías regionales y municipal de Praga, Tribunal Municipal de Praga. Recepción por Fiscales regionales o el municipal Praga.
SUECIA: Fiscales y Tribunales ordinarios. Recepción: Fiscal designado por el Fiscal General del Reino.
5.2 Autoridad Central.
ALEMANIA: Ministerio de Justicia Federal y de los Länder. La competencia depende del Land.
AUSTRIA: Ministerio Federal de Justicia (competente en tránsito) y de Interior: Dirección General de Seguridad Pública y Departamento Federal de Investigación Criminal).
BÉLGICA: Servicio Público Federal de Justicia (Ministerio de Justicia). Recepción en tránsito.
CHIPRE: Ministerio de Justicia y Orden Público . Recepción en tránsito.
DINAMARCA: Ministerio de Justicia.
ESLOVAQUIA: Ministerio de Justicia. Recepción en tránsito.
ESLOVENIA: Ministerio de Justicia. Recepción en tránsito.
ESTONIA: Ministerio de Justicia. Recepción en tránsito.Competencias en plazos de entrega.
FINLANDIA: Minsiterio de Justicia (recepción en tránsito) u Oficina SIRENE. Ambas pueden recibir también la Orden Europea de Detención y Entrega.
FRANCIA: Ministerio de Justicia. Recepción en tránsito y transmisión en inmunidades y privilegios.
GRECIA: Ministerio de Justicia.
HUNGRÍA: Ministerio de Justicia. Recepción en tránsito.
IRLANDA: Ministerio de Justicia, Igualdad y Reforma Legislativa o persona designada. Recepción en tránsito. Competencias en plazo de entrega.
ITALIA: Ministerio de Justicia. Competencias en correspondencia y tránsito.
LETONIA: Office of the Prosecutor General.
LITUANIA: Oficina del Fiscal General (Prosecutor General).
LUXEMBURGO: Procureur Général d’Etat. Recepción en tránsito.
MALTA: The Office of the Attorney General: otorgamiento de consentimientos . Commissioner of Police adn Principal Inmigration Officer: recepción en tránsito.
PAÍSES BAJOS: Fiscal del distrito, Juez de Instrucción y Tribunal de Amsterdam (Officier van justitie, rechter-commissaris y el rechtbank d’Amsterdam). Contacto: el fiscal. Oficina SIRENE fuera de las horas de oficina.
POLONIA: Ministerio de Justicia-Fiscal General. Recepción en tránsito.
PORTUGAL: Procuraduría General de la República (Office of the Public Prosecutor). Recepción en tránsito.
REINO UNIDO: Escocia: Scottish Crown Office. Resto: National Criminal Intelligence Service. Recepción en tránsito.
REPÚBLICA CHECA: Ministerio de Justicia, Fiscalía General del Estado y el Presidio de la Policía. Recepción de tránsito por Tribunal Supremo.
SUECIA: Ministerio de Justicia (puede ayudar con la correspondencia). Dirección de Policía Nacional: recepción de tránsito.

III. EMISIÓN DE UNA ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN

1. SOLICITUD
1.1 Órgano que la solicita (Artículo 2.1 Ley)

El Tribunal o Juzgado que conoce de la causa, de oficio o a petición de parte, incluido el Fiscal, mediante resolución fundada recurrible en apelación o súplica (artículos 829 y 830 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
1.2 Contenido (Artículo 3 de la Ley y artículo 2.2 de la Decisión marco)

La autoridad judicial española deberá emitir la orden europea cumplimentando el formulario que figura en el Anexo de la Ley.

Debe tenerse en cuenta que la orden europea constituye un título judicial unificado para los Estados miembros de la Unión Europea, de forma que basta con la cumplimentación de la misma, siguiendo el formulario que figura en el Anexo de la Ley, para que produzca efectos, sin que deba acompañarse de otros documentos (ver apartado 2 del Anexo al presente Protocolo, donde se recoge el formulario, un manual y un ejemplo de cumplimentación).

Conviene recordar que una de las principales innovaciones introducidas por la Decisión marco consiste en eliminar el control de la doble incriminación de los hechos (esto es, eliminar la posibilidad de que el Estado de ejecución deniegue la entrega porque los hechos no están tipificados como delitos en su legislación). No resulta exigible el requisito de la doble incriminación cuando concurran las condiciones siguientes:
que se trate de delitos para los que la ley penal española prevea una pena o medida de seguridad privativas de libertad máxima igual o superior a tres años, Y
que sean delitos que, tal y como se definen por la ley penal española, puedan integrarse en alguna de las categorías siguientes:
pertenencia a organización delictiva,
terrorismo,
trata de seres humanos,
explotación sexual de los niños y pornografía infantil,
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas,
tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos,
corrupción,
fraude, incluido el que afecte a los intereses financieros de las Comunidades Europeas según el Convenio 26.07.1995, sobre protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (BOE 180/2003, de 29 de julio de 2003),
blanqueo del producto del delito,
falsificación de moneda, incluida la falsificación del euro,
delitos de alta tecnología, en particular delito informático,
delitos contra el medio ambiente, incluido el tráfico ilícito de especies animales protegidas y de especies y variedades vegetales protegidas,
ayuda a la entrada y residencia en situación ilegal,
homicidio voluntario, agresión con lesiones graves,
tráfico ilícito de órganos y tejidos humanos,
secuestro, detención ilegal y toma de rehenes,
racismo y xenofobia,
robos organizados o a mano armada,
tráfico ilícito de bienes culturales, incluidas las antigüedades y las obras de arte,
estafa,
chantaje y extorsión de fondos,
violación de derechos de propiedad industrial y falsificación de mercancías,
falsificación de documentos administrativos y tráfico de documentos falsos,
falsificación de medios de pago,
tráfico ilícito de sustancias hormonales y otros factores de crecimiento,
tráfico ilícito de materiales radiactivos o sustancias nucleares,
tráfico de vehículos robados,
violación,
incendio voluntario,
delitos incluidos en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional,
secuestro de aeronaves y buques,
sabotaje

Hasta que Austria no modifique el artículo 12 de su legislación nacional sobre extradición y cooperación judicial y, a más tardar, hasta el 31 de diciembre de 2008, puede oponerse a la entrega de sus nacionales si no se cumple el principio de doble incriminación (artículo 33 de la Decisión marco).

Cuestiones relacionadas.

¿Puede solicitarse una orden europea en relación con varios delitos de la misma persona?.

Sí. Debe tenerse en cuenta que, si las autoridades judiciales de ejecución reciben varias órdenes europeas procedentes de autoridades judiciales españolas, cada una de ellas en relación con distintos delitos atribuibles a la misma persona, resultará probable que resuelvan sobre la primera orden que reciban y que tramiten las demás como solicitudes de levantamiento del principio de especialidad.
1.3 Idioma (Artículo 3 de la Ley.)

La orden europea de detención y entrega deberá emitirse:
Si se emplea la transmisión directa, en español, acompañada de una traducción al idioma oficial del Estado de ejecución o al idioma aceptado por este Estado mediante declaración depositada en la Secretaría General del Consejo.
En el resto de supuestos, la orden europea se remitirá en español a la oficina SIRENE España y a OCN INTERPOL. Debe tenerse en cuenta que, en el momento en que se produzca el hallazgo del reclamado, la autoridad judicial española deberá remitir la orden europea acompañada de una traducción al idioma oficial aceptado por el Estado de ejecución, en un plazo breve (ver cuadro que figura en el apartado III. 2.1. a).

A efectos de facilitar la traducción puede consultarse el apartado 2 del Anexo al presente Protocolo (Formularios), en el que se contiene el formulario de la orden europea en diecinueve idiomas oficiales de la Unión Europea

Idiomas aceptados por los Estados miembros que han adoptado su legislación interna de transposición de la Decisión marco:
ALEMANIA. Alemán (y la de aquéllos países que acepten el alemán).
AUSTRIA. Alemán (todas caso de reciprocidad).
BÉLGICA. Francés, alemán y holandés.
CHIPRE. Inglés, griego o turco.
DINAMARCA. Inglés, danés y sueco.
ESLOVAQUIA. Eslovaco (otras en caso de reciprocidad).
ESLOVENIA. Esloveno.
ESPAÑA. Español.
ESTONIA. Inglés y estonio.
FINLANDIA. Inglés, finés y sueco.
FRANCIA. Francés.
GRECIA. Griego.
HUNGRÍA. Húngaro (inglés, francés y alemán para países que no exigen su lengua oficial).
IRLANDA. Inglés y gaélico.
ITALIA. Italiano.
LETONIA. Inglés y letonio.
LITUANIA. Inglés y lituano.
LUXEMBURGO. Francés, inglés o alemán.
MALTA. Inglés y maltés.
PAÍSES BAJOS. Inglés y holandés.
POLONIA. Polaco.
PORTUGAL. Portugués.
REINO UNIDO. Inglés.
REPÚBLICA CHECA. Checo y eslovaco con Eslovaquia.
SUECIA. Inglés, sueco, danés y noruego.

Puede consultarse igualmente la página web: El Consejo de la Unión Europea: Cooperación Policial y Judicial: Orden europea de detención y entrega: Application pratique

2.TRANSMISIÓN
2.1 Vías (Artículo 6, Disposición Adicional Segunda y Disposición Transitoria Primera de la Ley)
a) Persona reclamada en paradero desconocido

La autoridad judicial española que desee dar difusión internacional a una orden de busca y captura podrá cumplimentar una orden europea de detención y entrega y remitirla a las oficinas SIRENE España y OCN INTERPOL España para que surta efectos como orden europea de detención y entrega y como orden internacional de busca y captura (ver apartados 3, 4 y 5 del Anexo al presente Protocolo).

Ambas oficinas efectuarán las transformaciones pertinentes en orden a la introducción de la orden en sus respectivos sistemas de difusión de órdenes.

Se cumplimentará el formulario que figura en los sistemas de gestión procesal (cuando esté disponible), también accesible a través de las páginas web www.poderjudicial.es y www.mjusticia.es), siguiendo el Manual para la cumplimentación. Los ejemplares resultantes se distribuirán de la siguiente forma:
Para la oficina SIRENE España
Para la oficina OCN INTERPOL España
Para la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia (ver apartado 5 del Anexo). Además, una vez que se comunique a la autoridad judicial española el resultado del procedimiento de entrega en el Estado de ejecución, la autoridad judicial española deberá remitir a la Subdirección citada copia de la resolución dictada por la autoridad judicial de ejecución.
Para que obre en autos.

Comunicado el hallazgo de la persona buscada:
En un Estado miembro de la Unión Europea que haya comunicado a la Secretaría General del Consejo y a la Comisión Europea el texto y la entrada en vigor de sus disposiciones de transposición de la Decisión marco, la autoridad judicial de emisión española deberá remitir la orden en el plazo que le señale la autoridad judicial de ejecución. Debe tenerse en cuenta que, de no efectuarse el envío dentro del plazo, la persona reclamada puede ser puesta en libertad. A continuación se contiene un cuadro indicativo de los plazos en que puede ser solicitada la remisión de la orden europea en estos supuestos.
ALEMANIA: 40 días.
AUSTRIA. 40 días.
BÉLGICA: 10 días.
CHIPRE: 3 días.
DINAMARCA. 10 días.
ESLOVAQUIA: 48 horas copia y 18 días para envío de original.
ESLOVENIA: 20 días.
ESTONIA: 3 días.
FINLANDIA: 3 días.
FRANCIA: 6 días.
GRECIA: 15 días con posibilidad de extensión a 30 días.
HUNGRÍA: 40 días.
IRLANDA: Detención cuando la Orden Europea de Detención y Entrega haya sido recibida y aprobada por la High Court. (Un máximo de 7 días será aplicado cuando el SIS sea operativo en Irlanda).
ITALIA. 10 días.
LETONIA: 72 horas.
LITUANIA. 48 horas.
LUXEMBURGO: 6 días.
MALTA: 48 horas.
PAÍSES BAJOS: Detención basada en alerta SIS, 20 días. Para los Estados Miembros que no participan en el SIS, la Orden Europea de Detención y Entrega será enviada tan pronto como sea posible.
POLONIA: 48 horas.
PORTUGAL: A discreción de los Tribunales; normalmente 10 días.
REINO UNIDO: 48 horas.
REPÚBLICA CHECA: 40 días.
SUECIA: Tan pronto como sea posible.

La autoridad judicial española podrá transmitir la orden europea por cualquier medio fiable que pueda dejar constancia escrita, en condiciones que permitan a la autoridad de ejecución establecer su autenticidad (en función de los requerimientos exigidos en cada Estado miembro de la Unión Europea), si bien se recomienda el envío de la orden simultáneamente por fax y por servicio de mensajería urgente. Cualquier duda que surja en relación con la transmisión o autenticidad de algún documento se solventará mediante comunicación directa entre las autoridades judiciales implicadas, con el auxilio, en su caso, de la Red Judicial Europea y EUROJUST en el ámbito de sus competencias.
En los demás casos, se iniciará el procedimiento de extradición habitual.

Cuestiones relacionadas:
¿Puede recurrirse a este mecanismo de transmisión aunque no todos los Estados miembros de la Unión Europea hayan adaptado sus legislaciones nacionales a lo dispuesto por la Decisión marco?.

Sí. Lo único que sucede es que, si la persona es detenida en un Estado que aún no ha adaptado su legislación interna, a partir del momento en que se comunique la detención a la autoridad judicial española, ésta deberá remitir una petición de extradición con la documentación y por los canales exigibles de conformidad con las disposiciones vigentes en materia de extradición.
¿Puede recurrirse a este mecanismo de transmisión aunque se trate de órdenes europeas referidas a hechos cometidos antes de la fecha especificada por Francia, Austria o Italia en sus respectivas declaraciones (ver apartado II.3.2 b) del presente Protocolo)?.

Sí. De nuevo, si la persona es detenida en alguno de estos Estados y resulta aplicable el régimen especial relativo a la fecha de comisión de los hechos, a partir del momento en que se comunique la detención a la autoridad judicial española, ésta deberá remitir una petición de extradición con la documentación y por los canales exigibles de conformidad con las disposiciones vigentes en materia de extradición.
b) Persona reclamada en paradero conocido

Cuando se conozca el paradero de la persona reclamada, la autoridad judicial española deberá remitir la orden europea por alguna de estas dos vías:
Por medio de la transmisión directa a la autoridad judicial del otro Estado miembro que sea competente para la ejecución de la orden europea. Si esta autoridad es desconocida, podrá solicitar la asistencia de la Red Judicial Europea (véase el apartado 5 del Anexo al presente Protocolo).

Se cumplimentará el formulario que figura en los sistemas de gestión procesal (cuando estén disponibles), también accesible desde las páginas web www.poderjudicial.es y www.mjusticia.es, siguiendo el Manual para la cumplimentación. Los ejemplares resultantes se distribuirán de la siguiente forma:
Para la autoridad judicial del otro Estado miembro competente para la ejecución de la orden. Este ejemplar deberá remitirse acompañado de una traducción al idioma aceptado por el Estado de ejecución.

Idiomas aceptados por los Estados miembros que han adoptado su legislación interna de transposición de la Decisión marco
ALEMANIA. Alemán (y la de aquéllos países que acepten el alemán).
AUSTRIA. Alemán (todas caso de reciprocidad).
BÉLGICA. Francés, alemán y holandés.
CHIPRE. Inglés, griego o turco.
DINAMARCA. Inglés, danés y sueco.
ESLOVAQUIA. Eslovaco (otras en caso de reciprocidad).
ESLOVENIA. Esloveno.
ESPAÑA. Español.
ESTONIA. Inglés y estonio.
FINLANDIA. Inglés, finés y sueco.
FRANCIA. Francés.
GRECIA. Griego.
HUNGRÍA. Húngaro (inglés, francés y alemán para países que no exigen su lengua oficial).
IRLANDA. Inglés y gaélico.
ITALIA. Italiano.
LETONIA. Inglés y letonio.
LITUANIA. Inglés y lituano.
LUXEMBURGO. Francés, inglés o alemán.
MALTA. Inglés y maltés.
PAÍSES BAJOS. Inglés y holandés.
POLONIA. Polaco.
PORTUGAL. Portugués.
REINO UNIDO. Inglés.
REPÚBLICA CHECA. Checo y eslovaco con Eslovaquia.
SUECIA. Inglés, sueco, danés y noruego.

Puede consultarse igualmente la página web: El Consejo de la Unión Europea: Cooperación Policial y Judicial: Orden europea de detención y entrega: Application pratique
Para la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia (ver apartado 5 del Anexo al presente Protocolo).
Para que obre en autos.

La autoridad judicial española podrá transmitir la orden europea por cualquier medio fiable que pueda dejar constancia escrita, en condiciones que permitan a la autoridad de ejecución establecer su autenticidad (en función de los requerimientos exigidos en cada Estado miembro de la Unión Europea), si bien se recomienda el envío simultáneo por fax y por servicio de mensajería urgente. Cualquier duda que surja en relación con la transmisión o autenticidad de algún documento se solventará mediante comunicación directa entre las autoridades judiciales implicadas, con el auxilio, en su caso, de la Red Judicial Europea y EUROJUST en el ámbito de sus competencias.
En todo caso, y si la autoridad judicial española lo estima oportuno (por ejemplo, para evitar la huida de la persona buscada), podrá recurrir a los sistemas europeo e internacional de difusión de órdenes. En estos supuestos, enviará la orden europea a SIRENE España y a OCN INTERPOL con arreglo al procedimiento indicado en (a).
c)Sistema de Telecomunicaciones protegido de la Red Judicial Europea.

Aún no se encuentra operativo.
2.2. Supuestos especiales de transmisión:
Gibraltar. Las órdenes europeas que quieran enviarse por las autoridades judiciales españolas a Gibraltar se remitirán a la autoridad competente del Reino Unido: The United Kingdom Government/Gibraltar Liaison Unit for EU Affairse of the Foreign and Commonwealth Office del Reino Unido con sede en Londres. (Acuerdo relativo a las autoridades de Gibraltar, 19-4-2000).
Reino Unido e Irlanda. Estos dos Estados aún no tienen operativo el Sistema de Información Schengen. La transmisión se realizará, bien a través de INTERPOL, bien a través del contacto directo o, en su caso, a través de las autoridades centrales designadas por estos Estados (ver apartado 1 del Anexo al presente Protocolo, en el que se contienen las fichas informativas sobre la legislación de los demás Estados miembros en materia de orden europea).
2.3. Situación en espera de la decisión. (Artículo 8.1 de la Ley)

Cuando se trate de órdenes europeas emitidas para el ejercicio de acciones penales, antes de que se produzca la adopción de la decisión sobre la entrega por la autoridad judicial de ejecución y en el supuesto de que las circunstancias del caso requieran la rápida realización de actuaciones procesales, la autoridad judicial española de emisión puede solicitar, bien que se tome declaración a la persona reclamada, bien que se acuerde el traslado temporal de la persona reclamada a España.

En estos supuestos, la autoridad judicial española puede considerar la posibilidad de emplear la videoconferencia, en las condiciones que acuerde con la autoridad judicial de ejecución, para la práctica de las actuaciones procesales pertinentes y que el ordenamiento español permita llevar a cabo sin la presencia física del reclamado.

La solicitud podrá efectuarse, bien en la misma orden europea (en el apartado f, ver en el apartado 2 del Anexo el Manual para la cumplimentación), bien en un momento posterior. En este último caso, la autoridad judicial española lo solicitará directamente de la autoridad judicial competente del Estado de ejecución por cualquier medio que pueda dejar constancia escrita en condiciones que permitan al Estado de ejecución establecer su autenticidad.
a) Toma de declaración de la persona en espera de la decisión.

La toma de declaración la realizará la autoridad judicial española, asistida por la persona que designe, y se desarrollará con arreglo al derecho del Estado de ejecución y de conformidad con las condiciones determinadas de común acuerdo por la autoridad judicial del Estado de ejecución y por la autoridad judicial española.
b) Traslado temporal del reclamado.

Las condiciones y duración del traslado temporal se determinarán de común acuerdo entre la autoridad judicial española y la autoridad judicial de ejecución.

En caso de que se acuerde el traslado temporal, la persona reclamada deberá poder volver al Estado de ejecución para asistir a las vistas orales que le conciernan en el marco del procedimiento de entrega.
2.4. Actuaciones posteriores a la decisión de entrega.
2.4.1. Entrega suspendida o condicional (Artículo 8.2 de la Ley.)

Cuando la persona reclamada tenga proceso pendiente ante la jurisdicción del Estado de ejecución o condena pendiente de cumplimiento en ese Estado, por un hecho distinto que motivare la orden europea, la autoridad judicial del Estado de ejecución podrá suspender la entrega de la persona reclamada hasta la terminación del proceso o el cumplimiento definitivo de la condena.

En esas condiciones, la figura de la entrega temporal permite que la persona reclamada sea entregada provisionalmente a la autoridad judicial española que haya emitido la orden, con el fin de proceder a la práctica de diligencias penales o para la celebración de la vista oral, evitando así que la entrega pueda dilatarse por los procesos internos pendientes o por el cumplimiento de la pena impuesta. Para ello, la autoridad judicial de emisión española podrá presentar una solicitud a la autoridad judicial de ejecución por cualquier medio que permita dejar constancia escrita en condiciones que permitan al Estado de ejecución establecer su autenticidad. Las condiciones de la entrega temporal se formalizarán por escrito con la autoridad judicial del Estado de ejecución y tendrán carácter vinculante para todas las autoridades judiciales españolas.

Alternativamente, puede resultar de utilidad recurrir a la videoconferencia, en las condiciones acordadas con la autoridad judicial de ejecución, para la práctica de las actuaciones procesales pertinentes y que el ordenamiento español permita llevar a cabo sin la presencia física del reclamado.
2.4.2. Entrega de objetos. (Artículo 5.3 de la Ley)

Puede solicitarse en el propio formulario de la orden europea (apartado g, ver en el apartado 2 del anexo el Manual para la cumplimentación) que la autoridad judicial de ejecución intervenga y entregue, de conformidad con su Derecho interno, los objetos que puedan servir como prueba, o que posea la persona buscada como resultado del delito.

Esta entrega deberá producirse incluso cuando la orden no pueda ser ejecutada debido al fallecimiento o evasión de la persona buscada.

La entrega:
puede suspenderse por el Estado de ejecución si los objetos son necesarios para un proceso penal en curso en el Estado de ejecución
puede condicionarse por el Estado de ejecución a la devolución posterior de los objetos por la autoridad judicial española, en caso de que:
haya un proceso penal en curso en el Estado de ejecución
existan derechos de terceros sobre los bienes que deban ser protegidos

Los gastos de depósito deberán ser abonados por el Estado de ejecución (artículo 30.1 de la Decisión marco).

IV. EJECUCIÓN DE UNA ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA

1.ACTUACIONES INICIALES (Artículos 10 y 13 de la Ley)
1.1 Recepción de la orden europea
Cuando la orden europea es recibida directamente por el Juzgado Central de Instrucción, el juez ordenará la detención, si procede, de la persona reclamada y comunicará al Ministerio de Justicia la existencia de la mencionada orden europea.
Cuando la orden europea es recibida por un juez que no resulte competente, comunicará de inmediato su existencia y la transmitirá de oficio al Juzgado Central de Instrucción, que procederá conforme al apartado anterior.
Cuando la orden europea es transmitida vía SIRENE/INTERPOL, la Policía puede practicar directamente la detención.
1.2 Detención y puesta a disposición judicial

Tras las actuaciones anteriores, y hallada la persona reclamada en España, la detención es practicada por la Policía, que leerá al detenido sus derechos y le notificará las razones de la detención, lo que queda recogido en el atestado policial de la detención.

Notificada la detención al Juzgado Central de Instrucción, éste comunicará la misma a la autoridad judicial de emisión, con indicación del plazo de que dispone para remitir la orden europea, a la Fiscalía de la Audiencia Nacional y a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia.

La persona detenida debe ser puesta a disposición del Juzgado Central de Instrucción, directamente o a través del Juzgado de Instrucción del partido en que fuere detenido, en el plazo de 72 horas a contar desde la detención.

2. PROCEDIMIENTO. (Artículos 13, 14 y 17 de la Ley)
2.1 Audiencia

En el momento en que se produce la puesta a disposición judicial, la autoridad judicial deberá informar a la persona detenida de la existencia de la orden europea, de su contenido, de la posibilidad de consentir con carácter irrevocable a la entrega y del resto de los derechos que le asisten. (Artículo 13.3 de la Ley).

En el plazo de 72 horas desde la puesta a disposición judicial, se celebrará la audiencia contemplada en el artículo 14 de la Ley (conforme a lo previsto para la declaración del detenido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal), que se celebrará ante el Juzgado Central de Instrucción, bien directamente o bien a través del Juzgado de Instrucción del partido en que se encontrara detenido el reclamado, con asistencia del Ministerio Fiscal, del abogado de la persona detenida y, en su caso, del intérprete.
Se oirá a la persona detenida sobre la prestación de su consentimiento irrevocable a la entrega y sobre su renuncia a acogerse al principio de especialidad. El Juzgado Central de Instrucción deberá asegurarse de que el consentimiento a la entrega y la renuncia al principio de especialidad se han prestado libremente y con pleno conocimiento de sus consecuencias, en especial de su carácter irrevocable.

Si la persona reclamada consiente a la entrega, se extenderá acta comprensiva de este extremo suscrita por la persona detenida, el secretario, el representante del Ministerio Fiscal y el juez, y se hará constar en la misma la renuncia a acogerse al principio de especialidad, en caso de que se haya producido.
Si el reclamado es de nacionalidad española,
y la orden europea se ha dictado a efectos de ejecución de una pena o medida de seguridad privativas de libertad, se le preguntará si consiente en cumplir la pena en el Estado de emisión.
y la orden europea se ha dictado a efectos de entablar una acción penal, se le preguntará si desea ser devuelto a España para cumplir la pena o medida de seguridad privativas de libertad que pudiere pronunciar en su contra el Estado de emisión.

En ambos casos, se hará constar en acta la manifestación de consentimiento conforme a lo señalado.
Se oirá al Ministerio Fiscal sobre la procedencia de la entrega o la imposición de condiciones a la misma
Las partes pueden proponer en esta audiencia los medios de prueba relativos a la concurrencia de causas de denegación o condicionamiento a la entrega. Si la prueba no pudiera practicarse en el curso de la audiencia, el juez fijará un plazo para su práctica, teniendo en cuenta la necesidad de respetar los plazos máximos previstos en la Ley.

En el curso de esta audiencia, el juez, oído el Ministerio Fiscal, decidirá sobre la situación personal del reclamado (artículo 17 de la Ley), pudiendo decretar la prisión provisional o la libertad provisional, adoptando cuantas medidas cautelares considere necesarias para asegurar la plena disponibilidad de los afectados y, especialmente, las previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal atendiendo las circunstancias del caso y la finalidad de asegurar la ejecución de la orden europea.

Nada obsta a que el fiscal haya pedido por escrito la prisión al tiempo que pide que se decrete la entrega. Tampoco debe haber obstáculo para que el juez decrete la prisión preventiva al principio de la audiencia.

En cualquier momento del procedimiento y en atención a las circunstancias, el juez, oído el Ministerio Fiscal, podrá acordar que cese la situación de prisión provisional, debiendo en tal caso adoptar alguna o algunas de las medidas cautelares referidas.

Frente a la decisión del Juzgado Central de Instrucción sobre la situación personal del reclamado, cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
2.2 Tramitación
Los actos del apartado anterior, que pueden tener lugar incluso simultáneamente en una misma audiencia, podrán practicarse:
ante el juez del partido donde se encuentre el reclamado, por auxilio ordinario.
ante el Juez Central de Instrucción.

También podrán practicarse por videoconferencia, desde el lugar de la detención o desde el lugar más cercano que disponga de sistema de videoconferencia.
Las actuaciones practicadas por el juez de instrucción del partido se remitirán a la mayor urgencia (vía fax, etc.) al Juzgado Central de Instrucción.
El Juzgado Central de Instrucción dará traslado al Ministerio Fiscal para que se pronuncie sobre posibles causas de denegación o de condicionamiento de la entrega.
En caso de que haya consentimiento a la entrega por parte del reclamado, y si el Ministerio Fiscal no advierte causas de denegación o condicionamiento a la entrega, el Juzgado Central de Instrucción, si decide acordar la entrega, exhortará al Juzgado remitente para que proceda a la notificación de dicha resolución al reclamado si todavía se hallare (en libertad o en prisión) en el ámbito territorial de su partido o, en otro caso al Juzgado que proceda
En caso de que no haya consentimiento a la entrega o si el Ministerio Fiscal advierte causas de denegación o condicionamiento a la entrega, el Juzgado Central de Instrucción elevará las actuaciones a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, junto con la orden europea recibida de la autoridad judicial de emisión, haciendo constar tal falta de consentimiento, la existencia de causas de denegación o condicionamiento a la entrega apreciadas por el Ministerio Fiscal y los días que quedan hasta cumplirse los 60 a que se refiere el artículo 19.3 de la Ley.
2.3 Idiomas (Artículo 10.2 de la Ley).

Recepción SIRENE: traducción de oficio por el Juzgado Central de Instrucción.

Recepción directa: en español y, si no, se suspenderá el procedimiento hasta que se transmita la orden europea debidamente traducida al español.
2.4 Situación en espera de la decisión. (Artículo 16 de la Ley.)

La autoridad judicial del Estado de emisión podrá solicitar, bien que se tome declaración a la persona reclamada, bien que se proceda a su entrega temporal al Estado de emisión. En ambos supuestos, el Juzgado Central de Instrucción puede también considerar la posibilidad de emplear la videoconferencia, en las condiciones que acuerde con la autoridad judicial de ejecución, para la práctica de las actuaciones procesales pertinentes y que el ordenamiento español permita llevar a cabo sin la presencia física del reclamado.
a) Toma de declaración de la persona reclamada.

El Juez Central de Instrucción podrá acordar que se tome declaración a la persona reclamada. La toma de declaración se llevará a cabo por la autoridad judicial de emisión, que se trasladará a España, en su caso, acompañada por la persona por ella designada para asistirla.

La declaración se practicará conforme a lo previsto por la Ley española y en las condiciones pactadas por las autoridades judiciales concernidas. En todo caso, deberá respetarse el derecho a la asistencia letrada del detenido, su derecho a no confesarse culpable y a no declarar contra sí mismo, así como a ser asistido de intérprete.

El Juez Central de Instrucción podrá establecer que dicha diligencia se practique en su presencia o en la de un secretario judicial que deje constancia del cumplimiento de las condiciones establecidas.
b) Traslado temporal de la persona reclamada.

El Juez Central de Instrucción podrá acordar el traslado temporal de la persona reclamada en espera de la decisión sobre la entrega. Las condiciones y duración del traslado serán las que se acuerden con la autoridad judicial de emisión.

En todo caso, la persona reclamada deberá volver a España para asistir a las vistas orales

3. CAUSAS DE DENEGACIÓN Y CONDICIONAMIENTO DE LA ENTREGA.
3.1. Doble incriminación. (Artículo 9 de la Ley.)
a)Lista de delitos. En relación con delitos incluidos en las categorías del artículo 9.1 de la Ley, y siempre que la legislación del Estado de emisión haya previsto una pena o medida de seguridad privativas de libertad cuyo límite máximo sea igual o superior a tres años, no se podrá efectuar un control de doble incriminación de los hechos.
b)Régimen general.En el resto de casos, es decir:
delitos de las categorías del 9.1 cuya pena máxima prevista por la legislación del Estado de emisión sea inferior a tres años
delitos no incluidos en las categorías del 9.1

la Ley contempla la doble incriminación como causa facultativa de denegación.
3.2.Causas de denegación imperativas (Artículo 12.1 de la Ley)
Cuando de la información de que disponga la autoridad judicial de ejecución española se desprenda que la persona reclamada ha sido juzgada definitivamente por los mismos hechos por un Estado miembro distinto del Estado de emisión, siempre que, en caso de condena, la sanción haya sido ejecutada, esté en esos momentos en curso de ejecución o ya no pueda ejecutarse en virtud del derecho del Estado miembro de condena.
Cuando la persona que sea objeto de la orden de detención europea aún no pueda ser, por razón de su edad, considerada responsable penalmente de los hechos en que se base dicha orden, con arreglo al derecho español.
Cuando la persona reclamada haya sido indultada en España de la pena impuesta por los mismos hechos en que se funda la orden europea y éste fuera perseguible por la jurisdicción española.
3.3 Causas de denegación facultativas (Artículo 12.2 de la Ley.)
Cuando se dé el supuesto previsto en el artículo 9.2 (delitos no contemplados en las categorías de la lista que lleven aparejada pena o medida de seguridad privativas de libertad, máxima de al menos un año en entregas para el enjuiciamiento y máxima de cuatro meses en entregas para el cumplimiento de condena); no obstante, en materia de tasas e impuestos, de aduana y de cambio, no podrá denegarse la ejecución de la orden europea por el motivo de que la legislación española no imponga el mismo tipo de tasas o de impuestos o no contenga el mismo tipo de reglamentación en materia de tasas e impuestos, de aduana y de cambio que la legislación del Estado miembro emisor.
Cuando la persona que fuere objeto de la orden europea esté sometida a un procedimiento penal en España por el mismo hecho que haya motivado la orden.
Cuando se haya acordado el sobreseimiento libre en España por los mismos hechos.
Cuando sobre la persona que fuere objeto de la orden europea haya recaído en otro Estado miembro de la Unión Europea una resolución definitiva por los mismos hechos que impida definitivamente el posterior ejercicio de diligencias penales.
Cuando la persona objeto de la orden europea haya sido juzgada definitivamente por los mismos hechos en un tercer Estado no miembro de la Unión Europea, siempre que, en caso de condena, la sanción haya sido ejecutada o esté en esos momentos en curso de ejecución o ya no pueda ejecutarse en virtud del derecho del Estado de condena. Cuando la orden europea se haya dictado a efectos de ejecución de una pena o medida de seguridad privativas de libertad, siendo la persona reclamada de nacionalidad española, salvo que consienta en cumplir la misma en el Estado de emisión. En otro caso, deberá cumplir la pena en España.
Cuando la orden europea contemple delitos que el ordenamiento jurídico español considere cometidos en su totalidad o en parte en el territorio español.
Cuando la orden europea contemple delitos que se hayan cometido fuera del territorio del Estado de emisión y el ordenamiento español no permita la persecución de esos mismos hechos cuando se hayan cometido fuera del territorio español.
Cuando conforme a la legislación española el delito en que se funda la orden europea o la pena impuesta hubieran prescrito, si respecto de los hechos delictivos hubieran sido competentes para su persecución los tribunales españoles.
3.4 Garantías que deberán ser solicitadas del Estado de emisión en casos particulares (Artículo 11 de la Ley.)
Si la infracción en que se basa la orden está castigada con una pena o medida de seguridad privativas de libertad a perpetuidad, se condicionará la entrega a que el Estado de emisión tenga dispuesto en su ordenamiento:
la revisión de la pena impuesta o,
la aplicación de medidas de clemencia a las que la persona pueda acogerse con arreglo al derecho o a la práctica del Estado de emisión, con vistas a la no ejecución de la pena o medida.
En el caso de órdenes para enjuiciamiento sobre nacionales, y después de ser oídos éstos al respecto, se podrá condicionar la entrega a que, en caso de condena, la persona reclamada sea devuelta a España para cumplir condena (ver apartado IV.2.1).

4. DECISIÓN SOBRE LA ENTREGA
4.1 Autoridad que decide (Artículo 18 de la Ley.)
Si hay consentimiento y el Ministerio Fiscal no advirtiera causas de denegación o condicionamiento: Juzgado Central de Instrucción.
Si no hay consentimiento o el Fiscal advierte causas de denegación o condicionamiento: Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

En ambos casos la decisión se adopta por auto motivado, contra el que no cabe recurso.
4.2 Plazos para adoptar la decisión (Artículos 18 y 19 de la Ley.)
Si hay consentimiento: 10 días desde la celebración de la audiencia
Si no hay consentimiento: 60 días desde la detención

Prórroga: por razones justificadas, en ambos casos, se puede prorrogar el plazo por 30 días, comunicando a la autoridad judicial emisora tal circunstancia y sus motivos.

Si no se cumplen los plazos indicados, incluida la prórroga, en su caso, la autoridad de ejecución debe informar a EUROJUST, precisando los motivos de la demora.
4.3 Decisión en caso de concurrencia de solicitudes (Artículo 23 de la Ley)
a) Entre dos o más Estados miembros

La autoridad de ejecución decidirá teniendo en cuenta todas las circunstancias y, en especial, el lugar, la gravedad relativa de los delitos, la fecha de las órdenes y si la orden lo es a efectos de enjuiciamiento o de ejecución de una pena o medida de seguridad privativas de libertad.

Se puede solicitar dictamen de EUROJUST por conducto del miembro nacional.
b) Entre un Estado miembro y un tercer Estado

En caso de concurrencia entre una orden europea y una solicitud de extradición presentada por un tercer Estado, la autoridad judicial de ejecución española suspenderá el procedimiento y remitirá toda la documentación a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia (ver apartado 5 del Anexo al presente Protocolo).

La propuesta de decisión sobre si debe darse preferencia a la orden europea o a la solicitud de extradición se elevará por el Ministro de Justicia al Consejo de Ministros, una vez consideradas todas las circunstancias y, en particular, el lugar, la gravedad relativa de los delitos, la fecha de las órdenes, y si la orden lo es a efectos de enjuiciamiento o de ejecución, así como las mencionadas en el convenio o acuerdo aplicable. Este trámite se regirá por lo dispuesto en la Ley de Extradición Pasiva.

En caso de que se decida otorgar preferencia a la solicitud de extradición, se notificará a la autoridad judicial de ejecución española, que lo pondrá en conocimiento de la autoridad judicial de emisión.

En caso de que se decida otorgar preferencia a la orden europea, se notificará a la autoridad judicial de ejecución española al objeto de que se continúe con el procedimiento en el trámite en el que se suspendió.
c)Obligaciones derivadas del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Los supuestos de concurrencia entre una orden europea y una solicitud de entrega de la Corte Penal Internacional se resolverán de conformidad con el artículo 16 de la Ley Orgánica 18/2003, de 10 de diciembre, de Cooperación con la Corte Penal Internacional (BOE de 11 de diciembre de 2003) y el artículo 90 del Estatuto de la Corte Penal, hecho en Roma el 17 de julio de 1998 (instrumento de ratificación de 19 de octubre de 2000, BOE de 27 de mayo de 2002 )

5. ENTREGA DE LA PERSONA RECLAMADA
5.1 Entrega ordinaria (Artículo 20 de la Ley.)

La entrega la realiza el agente de la autoridad española, en el lugar y fecha fijados, que deberán ser previamente comunicados a la autoridad designada por la autoridad judicial de emisión.

La entrega ha de verificarse dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la resolución, aunque se puede prorrogar el plazo por 10 días más, si la entrega no puede verificarse por causas ajenas al control del Estado de emisión o de ejecución. Excepcionalmente, la autoridad de emisión puede suspender la entrega por motivos humanitarios graves hasta que éstos dejen de existir. En uno y otro caso, se acuerda una nueva fecha entre las autoridades judiciales implicadas y comienza el cómputo del plazo de 10 días.

Si se cumple el plazo máximo sin que la persona haya sido recibida por el Estado de emisión, ésta quedará en libertad, lo que no supondrá denegación de una orden europea posterior basada en los mismos hechos.

La Audiencia Nacional pondrá en conocimiento de la autoridad judicial de emisión el período de privación de libertad sufrido, para su deducción de la pena o medida que se imponga
5.2 Entrega suspendida o condicional (Artículo 21 de la Ley)

Cuando la persona reclamada tenga proceso pendiente o condena pendiente de cumplimiento ante la jurisdicción española por un hecho distinto del que motive la orden europea, la autoridad judicial de ejecución española, aunque haya resuelto dar cumplimiento a la orden, podrá suspender la entrega de la persona reclamada hasta la terminación del proceso o el cumplimiento definitivo de la condena.

En esas condiciones, la figura de la entrega temporal permite que la persona reclamada sea entregada provisionalmente a la autoridad judicial de emisión que haya emitido la orden, evitando así que la entrega pueda dilatarse por los procesos internos pendientes o por el cumplimiento de la pena impuesta. Para ello, la autoridad judicial de emisión podrá presentar una solicitud a la autoridad judicial de ejecución por cualquier medio que permita dejar constancia escrita en condiciones que permitan al Estado de ejecución establecer su autenticidad.

Las condiciones de la entrega temporal se formalizarán por escrito con la autoridad judicial del Estado de emisión y tendrán carácter vinculante para todas las autoridades judiciales españolas.

Alternativamente, puede resultar de utilidad recurrir a la videoconferencia, en las condiciones acordadas con la autoridad judicial de emisión, para la práctica de las actuaciones procesales pertinentes y que el ordenamiento español permita llevar a cabo sin la presencia física del reclamado.
5.3 Entrega de objetos (Artículo 22 de la Ley.)

A petición de la autoridad de emisión o de oficio, la autoridad de ejecución intervendrá y entregará, de conformidad con el derecho interno, los objetos que constituyan medio de prueba u objeto del delito, sin perjuicio de los derechos que el Estado español o terceros puedan haber adquirido sobre los mismos. En este caso, una vez concluido el juicio, se procederá a su restitución.

Los objetos deberán entregarse aunque la orden europea no pueda ejecutarse debido al fallecimiento o evasión de la persona reclamada.

Cuando los bienes estén sujetos a embargo o comiso en España, la autoridad de ejecución podrá denegar la entrega o efectuarla con carácter temporal, si es preciso para el proceso pendiente.

Los gastos ocasionados en territorio español serán a cargo del Estado español (artículo 4 de la Ley).

V. DISPOSICIONES ESPECIALES

1. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD (Artículo 24 de la Ley.)
1.1.Concepto.

La persona entregada no podrá ser procesada, condenada o privada de libertad por una infracción cometida antes de su entrega distinta de la que hubiera motivado la entrega. En estos supuestos, el Estado de emisión deberá pedir la autorización del Estado de ejecución, emitiendo una nueva orden europea.
1.2 Supuestos en los que no es necesario obtener la autorización

No se precisará la autorización del Estado de ejecución para enjuiciar o ejecutar una condena cuando:
Exista declaración del Estado de ejecución. España no ha hecho la declaración correspondiente, por lo que, siendo la misma recíproca, este apartado carece de efectividad,
Renuncia de la persona al principio de especialidad antes de proceder a su entrega (art.24.4.a) de la Ley): la renuncia se producirá ante la autoridad judicial del Estado de ejecución (Ver apartado IV. 2.1. de este Protocolo).
Renuncia del reclamado una vez haya sido entregado ( art.24.4.b de la Ley) : la renuncia se producirá ante la autoridad judicial que emitió la orden, de conformidad con su derecho interno.
Consentimiento tácito del entregado ( art.24.4.c) de la Ley): cuando permanece en el Estado de ejecución tras 45 días habiendo tenido la oportunidad de abandonarlo, o regresa voluntariamente al Estado de ejecución tras haberlo abandonado.
Imposibilidad de aplicación de pena privativa libertad ( art.24.4.d.e.f. de la Ley); ya sea porque el delito no lleva aparejada esa pena, porque en el proceso en curso no vaya a concluir con su aplicación, o porque la condena impuesta no sea privativa de libertad.
1.3. Supuestos de aplicación
España como Estado de emisión (Art.24.1 y 2 de la Ley)
Autoridad solicitante: autoridad judicial española competente según la Ley para emitir la orden europea.
Autoridad autorizante: autoridad judicial del Estado de ejecución.
Es necesario emitir una nueva orden, aplicándose el sistema general.
España como Estado de ejecución (art. 24.3 de la Ley):
Autoridad solicitante: la autoridad judicial del Estado de emisión.
Autoridad autorizante: la Audiencia Nacional (art. 2.2 de la Ley).
Es necesario recibir una nueva orden.
Tramitación: la misma que para la ejecución de una orden europea, con plazo máximo de resolución de 30 días.
Causas de denegación: Las mismas que la orden.
Aplicación de garantías del artículo 11 de la Ley.

2. ENTREGA ULTERIOR A UNA ENTREGA POR ORDEN EUROPEA (Artículo 26 de la Ley).
2.1.Concepto.

Para proceder a una nueva entrega a un Estado miembro de una persona que le haya sido entregada por ejecución de una orden europea, será necesaria la autorización del Estado que realizó la entrega, salvo lo que se dispone en el apartado siguiente.
2.2. Supuestos en los que no es necesario obtener la autorización.

No se precisará autorización del Estado de ejecución en los siguientes supuestos:
Cuando exista declaración del Estado de ejecución. España no ha hecho la declaración correspondiente, por lo que siendo la misma recíproca este apartado carece de efectividad.
Renuncia de la persona al principio de especialidad antes o después de la entrega.
Consentimiento expreso posterior a la entrega a ser entregado a otro Estado miembro distinto del Estado miembro de ejecución en virtud de una orden europea (ver artículo 26.2.b de la Ley).
Consentimiento tácito del entregado: si la persona reclamada, habiendo tenido oportunidad de salir del territorio del Estado al que hubiere sido entregada, no lo hiciere en el plazo de 45 días desde su puesta en libertad definitiva, o hubiere regresado a dicho territorio después de abandonarlo.
2.3. Supuestos de aplicación.
España como solicitante del consentimiento para entregar a un tercer Estado miembro de la UE a una persona que le ha sido entregada (Artículo 26, apartados 1,2 y 3 de la Ley)
Autoridad competente para solicitar autorización: el Juzgado Central de Instrucción, como autoridad judicial de ejecución de la nueva orden europea en que se solicita la entrega ulterior (Artículo 28.1 de la Ley analógicamente).
Forma y contenido. Normalmente deberá solicitarse autorización de la autoridad judicial de ejecución, con la misma forma de comunicación, vía de transmisión y contenido que para la autorización del principio de especialidad (como una orden europea principal). Lo más eficaz será que España transmita al primer Estado de ejecución la orden europea que le habrá transmitido el nuevo Estado peticionario.
España como primera autoridad de ejecución y que da el consentimiento (Artículo 26.4 de la Ley)
Autoridad competente para dar el consentimiento: el Juzgado Central de Instrucción como autoridad ejecución de la primera orden europea.
Forma y contenido. El mismo que una orden europea principal (Artículo 3 de la Ley).
Deberá adoptarse en el plazo de 30 días, si la infracción que motiva la solicitud fuese motivo de entrega de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, y sin perjuicio de las garantías (Artículo 11 de la Ley).

3. ENTREGA ULTERIOR A UNA EXTRADICIÓN

España como Estado solicitante del consentimiento para entregar a un Estado miembro de la Unión Europea a una persona que le ha sido extraditada desde un tercer Estado (Artículos 27 y 29.4 de la Ley).
Autoridad competente: el Juzgado Central de Instrucción como autoridad ejecución de la orden europea (Artículo 27.1 de la Ley).
Forma y contenido: La establecida en el convenio aplicado para la extradición de la persona reclamada.
Plazos: Los plazos de ejecución de la orden europea empezarán a contar cuando se reciba la autorización del Estado que ha extraditado a la persona.

4. EXTRADICIÓN ULTERIOR A ENTREGA POR ORDEN EUROPEA.
4.1. España como Estado solicitante del consentimiento. (Artículo 28.1 de la Ley).

España como Estado de emisión de la primera orden europea y de ejecución de la extradición.
Autoridad competente para solicitar autorización: el Juzgado Central de Instrucción, como autoridad de ejecución de la extradición.
Forma y contenido: envío de la documentación extradicional que se haya recibido como petición de extradición.
4.2. España como Estado de ejecución de la orden europea y que da el consentimiento a la extradición (Artículo 28.2 de la Ley)

Debe solicitarse autorización a España para extraditar a un tercer país.
Autoridad competente para autorizar: el Juzgado Central de Instrucción como autoridad de ejecución de la orden europea.
Forma y contenido: envío de la documentación extradicional que el Estado solicitante haya recibido como petición de extradición.
El consentimiento se prestará de conformidad con los convenios de extradición aplicables.

5. TRÁNSITO. (Artículo 25 de la Ley y artículo 25 de la Decisión marco). España como Estado de tránsito.
Autoridad de tramitación (receptora): Ministerio de Justicia como autoridad central (Artículo 2.3 de la Ley).
Forma de comunicación. La información sobre el tránsito se deberá aportar antes de la fecha en que se produzca éste, por cualquier medio que deje constancia escrita (Artículo 7 de la Ley, 25 de la Decisión marco).
Contenido: se deberán aportar datos sobre la identidad y nacionalidad de la persona reclamada; existencia de una orden europea; calificación del delito; y descripción y circunstancias del delito, incluida fecha y lugar.
Se exceptúa el tránsito aéreo sin escalas, salvo si se produjera un aterrizaje forzoso.

6. INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS (Artículo 29 de la Ley )

España como Estado de ejecución.

Autoridad competente para instar levantamiento inmunidad:
Inmunidad concedida por España: el Juzgado Central de Instrucción solicitará el levantamiento a autoridad procedente.
Inmunidad concedida por otro Estado u organismo internacional: la autoridad judicial de emisión, a quien se lo comunicará el Juzgado Central de Instrucción.

Garantías: El Juzgado Central de Instrucción deberá adoptar medidas cautelares para garantizar la entrega efectiva una vez levantado el privilegio. Podrán adoptarse las previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En relación con el delito perseguido, teniendo en cuenta asimismo las especialidades que conlleven la inmunidad o privilegio.

Plazos: Suspensión de plazos de la orden europea hasta que autoridad judicial ejecución es informada del levantamiento del privilegio.

Anexo

APARTADO 1

Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre orden europea de detención y entrega y Ley Orgánica 2/2003, de 14 de marzo, complementaria de la Ley sobre orden europea de detención y entrega (BOE de 17 de marzo de 2003) (Ley 3/2003, de 14 de marzo y Ley Orgánica 2/2003 (PDF. 254 KB)

[NOTA: El formulario para cumplimentar la orden europea que figura en el Anexo a la Ley 3/2003 se encuentra en el apartado 2, junto con el Manual y un ejemplo para su cumplimentación]

Decisión marco (PDF. 163 KB) del Consejo de la Unión Europea, sobre orden europea de detención y procedimientos de entrega entre Estados miembros, de 13 de junio de 2002 (DOCE de 18 de julio de 2002) y Declaraciones de los Estados miembros (PDF. 54 KB) (DOCE de 18 de julio de 2002).

APARTADO 2

2.1 Formularios de la orden de detención europea

2.2 Manual para la cumplimentación del formulario de la orden europea de detención y entrega.

Estas notas sólo tienen carácter indicativo y carecen de efecto jurídico.

Cuando la autoridad judicial desconozca el contenido de un apartado, podrá indicar «desconocido». Cuando la autoridad judicial considere que no procede cumplimentar un apartado concreto, puede indicar «no aplicable».

La orden ha de cumplimentarse siguiendo el formulario que figura en los sistemas de gestión procesal (cuando esté disponible) o en el presente apartado, accesible desde las páginas web www.poderjudicial.es y www.mjusticia.es. En ningún caso podrá cumplimentarse a mano. Cada apartado podrá tener la extensión que la autoridad judicial emisora estime adecuada, sin que deban anejarse documentos al formulario cumplimentado.
Apartado (a)

Se han de introducir aquí aquellos datos que sean conocidos de la persona reclamada. Los datos que no se conozcan pueden ser omitidos, siempre que los restantes sean suficientes para determinar sin ningún género de dudas la identidad de la persona reclamada (artículo 3 (a) de la Ley).

Puede adjuntarse una foto y las huellas dactilares de la persona reclamada, en caso de que se disponga de ellas y puedan ser transmitidas, o bien detalles sobre la persona con quien se debe contactar para obtener esta información. En caso de que esté disponible, también puede adjuntarse un perfil de ADN de la persona reclamada.
Apartado (b)

Sólo se debe rellenar uno de los dos supuestos, 1 ó 2, dependiendo de que se trate de una orden:
(supuesto 1) Para el ejercicio de acciones penales dictada en una causa en la que todavía no ha recaído sentencia
(supuesto 2) Para ejecutar la condena impuesta en sentencia firme

Debe indicarse:
(supuesto 1) Identificación del auto de detención o prisión en virtud del cual se emite una orden europea
(supuesto 2) Identificación la sentencia firme de condena en virtud de la cual se ha dictado la orden. Debe incluirse el número de referencia de la sentencia.

En ambos casos, habrá que señalar la fecha de la correspondiente resolución y la causa en la que se ha dictado.
Apartado (c)

Al igual que en el apartado anterior, sólo se debe cumplimentar uno de los dos subapartados, dependiendo de cuál se haya rellenado en el apartado anterior.

Si en el apartado (b) se rellenó el supuesto (1), habrá que indicar cuál es la duración máxima de la pena o medida de seguridad privativas de libertad que, en abstracto, pueden imponerse por la infracción o infracciones perseguida (pena máxima igual o superior a doce meses, artículo 9.2 de la Ley)

Si en el apartado (b) se rellenó el supuesto (2), habrá que indicar cuál es la duración de la pena o medida de seguridad privativas de libertad que se haya impuesto en concreto en la sentencia o, en su caso, de la que resta por cumplir (no puede ser inferior a cuatro meses, artículo 9.2 de la Ley)
Apartado (d)

Este apartado únicamente habrá de rellenarse cuando la orden se emita para ejecutar una condena dictada en ausencia del acusado, conforme a lo previsto en el art. 786.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En tal caso, habrá que señalar con un aspa el supuesto primero.
Apartado (e)

Debe indicarse el número total de infracciones que se imputan o por las que ha sido condenada la persona reclamada.

Respecto a cada una de ellas, debe indicarse la información relativa a la descripción de las circunstancias de la comisión (fecha, hora, lugar y grado de participación en las mismas de la persona reclamada) y a la naturaleza, tipificación legal y disposiciones aplicables conforme a la legislación española. Se recomienda emplear concisión en la descripción de los hechos, aunque debe incorporarse toda la información que se considere imprescindible para que la autoridad de ejecución pueda tomar una decisión sobre la orden europea. La exigencia de concisión se debe también a razones de tipo técnico, dado que la longitud de la transmisión electrónica de esta rúbrica por la Oficina SIRENE viene limitada a 1024 caracteres (unas 15 líneas); sobrepasar dicho límite obliga a SIRENE a transmitir parte de la información en otro formulario complementario diferente.
Punto I.

Resulta especialmente importante tener en cuenta el punto I. En él se enumeran los delitos que, siempre que tengan señalada pena máxima igual o superior a tres años, darán lugar a la ejecución de la orden europea sin control de la doble incriminación de los hechos por parte de la autoridad judicial del Estado de ejecución. Esto supone que la autoridad judicial del Estado de ejecución no podrá en estos casos supeditar la entrega a que el hecho en cuestión esté tipificado como delito en su ordenamiento.

Por tanto, únicamente habrá que cumplimentar el apartado I cuando:

La orden europea se emita en relación con hechos que, de conformidad con la ley española, sean calificables como uno/varios de los delitos que figuran en la lista del artículo 9.1 de la Ley.

Y, además, la pena o medida de seguridad privativas de libertad tenga un límite máximo igual o superior a tres años de privación de libertad.

En caso de que concurran los dos requisitos anteriores, la cumplimentación de este apartado resultará obligatoria.
Punto II.

Si se trata de hechos que no cabe introducir en el punto I.
Apartado (f).

Este apartado únicamente se habrá de rellenar si se prevé que, por la descripción de las circunstancias del delito que se ha hecho en el apartado anterior (por ejemplo, un delito cometido en el extranjero o hace mucho tiempo), la autoridad judicial de ejecución puede plantearse problemas para ejecutar la orden europea (por motivos de falta de jurisdicción o de prescripción, por ejemplo).

Lo más frecuente será no hacer ningún tipo de indicaciones en este apartado, ya que, aun en el caso de que la autoridad de ejecución cuestione la procedencia de la ejecución de la orden por alguno de los motivos anteriores u otros análogos, se podrán hacer a posteriori las aclaraciones oportunas que, mediante las comunicaciones directas previstas en la ley, requiera en su caso la autoridad de ejecución.

Este apartado parece también el lugar oportuno para que la autoridad judicial solicite, si lo estima oportuno, que desea hacer uso de las posibilidades conferidas por el artículo 16 de la Ley (desplazamiento al Estado de ejecución para tomar declaración al reclamado o entrega temporal en espera de la decisión).
Apartado (g)

Procede rellenar este apartado si, además de la entrega de la persona reclamada, se interesa también la entrega de objetos que constituyan medios de prueba o efectos del delito.

Deberá marcarse cuál de los dos supuestos indicados resulta aplicable.

En cualquiera de los dos casos, y siempre que resulte posible, deberá ofrecerse una descripción lo más completa posible de los objetos buscados y de su localización
Apartado (h)

No aplicable
Apartado (i)

Se deben consignar aquí todos los datos relativos a la autoridad judicial que emite la orden europea de detención.

El recuadro relativo a la autoridad central no resulta aplicable.

Por último, es esencial para la eficacia de la orden europea que conste, como en toda resolución judicial original, la firma de la autoridad judicial que la dicta y la fecha en que se dicta. En caso de que sea posible, se estampará igualmente el sello de la autoridad judicial de emisión.
2.3 Ejemplo de cumplimentación (PDF. 96 KB)

APARTADO 3.

Sistema de Información Schengen. Oficina SIRENE España

Sistema de Información Schengen

El Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen (CAAS),de 19 de junio de 1990, recoge en el Título IV el Sistema de Información Schengen (SIS), como una herramienta de la cooperación policial reforzada para afrontar los efectos de la libertad de circulación.

El SIS es una base o fichero de datos en la que se encuentran descripciones (o señalamientos) de personas buscadas para su detención a efectos de extradición o entrega, cuya introducción en el sistema es competencia exclusiva de las autoridades judiciales, para permitir una transmisión rápida y eficaz de tales datos y la consulta automatizada de los mismos en el territorio de las Partes Contratantes al efectuar controles en fronteras y controles policiales, principalmente. El ordenador central (C-SIS) se encuentra en Estrasburgo (Francia).

Actualmente operan con el SIS todos los Estados Miembros de la Unión Europea (con la excepción del Reino Unido y la República de Irlanda, que se incorporarán en otoño de 2004), más los Estados asociados de Noruega e Islandia

La Oficina SIRENE

Uno de los acuerdos alcanzados por los Estados en el SIS ha sido la creación de un Servicio Nacional SIRENE con el fin de poner a disposición de las demás Partes un punto de contacto único y de acceso permanente que hiciera posible el funcionamiento del SIS. Las Oficinas SIRENE disponen de un sistema de comunicación definido conjuntamente (SISNET) y se comunican principalmente por medio de unos impresos estándar (Formularios).

Entre las principales funciones de las Oficinas SIRENE se encuentra la «validación» de las descripciones en el SIS de personas buscadas por autoridades judiciales españolas para detención a efectos de extradición y la remisión obligada y simultanea a todas las demás Oficinas SIRENE de la información requerida por el artículo 95 del CAAS, que es, en esencia, el contenido de la Orden de Detención Internacional (OID) y, a partir de 1 de enero de 2004, el contenido de la Orden de Detención Europea (ODE).

SIRENE y las órdenes europeas e internacionales de detención
España como Estado de Emisión
La autoridad judicial emisora expide la orden de detención europea y ordena su transmisión a la Oficina SIRENE y a la OCN-INTERPOL (difusión como orden europea para los Estados miembros de la Unión Europea y como orden internacional de detención para Noruega e Islandia).
SIRENE realiza las comprobaciones previas necesarias que le permitan introducir la información de la orden europea en el SIS, desde el punto de vista técnico, tras lo cual procede a la transmisión del señalamiento o descripción de la persona reclamada al SIS y a la transmisión simultánea del formulario correspondiente, con su traducción a la lengua de apoyo (inglés o francés) a todas las Oficinas SIRENE. (A partir de ese momento, aparece la descripción o señalamiento del reclamado en todos los Estados Miembros operativos con el SIS y la orden europea (orden internacional de detención para Noruega e Islandia) queda difundida)
SIRENE tramita las eventuales ampliaciones de información que soliciten las autoridades de los otros Estados.
En caso de detención del reclamado en un Estado Schengen, la Oficina SIRENE ESPAÑA tiene que ser informada inmediatamente por sus homólogas y da cuenta de la detención inmediatamente a la autoridad judicial española que hubiera emitido la orden europea y a la OCN-INTERPOL-Madrid.
SIRENE ESPAÑA queda a disposición de las autoridades judiciales para las gestiones que éstas consideren oportuno encomendarle.
España como Estado de Ejecución
SIRENE España advierte que otro Estado Miembro ha introducido en el SIS una descripción de una persona para detención con fines de extradición o entrega (orden internacional de detención/orden europea).
Realiza las comprobaciones necesarias para determinar la validez de la descripción y efectúa una traducción oficiosa al español.
En caso de detención del reclamado en España, la Oficina SIRENE transmite el Formulario correspondiente, junto con la correspondiente traducción al español, al Juzgado Central de Instrucción de Guardia de la Audiencia Nacional, a la OCN-INTERPOL y al servicio policial que ha realizado la detención.
La Oficina SIRENE queda a disposición de las autoridades competentes (Audiencia Nacional ) para la tramitación de las gestiones que tenga a bien encomendarle.

APARTADO 4

INTERPOL. Organización Internacional de Policía Criminal.

INTERPOL es una organización internacional de cooperación policial y judicial internacional creada en 1923 e integrada en la actualidad por 181 Estados. Sus objetivos son conseguir y desarrollar, dentro del marco de los ordenamientos nacionales y del respeto a la Declaración de los Derechos Humanos, la más amplia asistencia recíproca de las autoridades de Policía Criminal y, en concreto, la detención de reclamados.

Para la transmisión de las órdenes de detención se utilizan dos sistemas:
Difusión vía e-mail a través de una intranet de máxima seguridad. Las búsquedas para la detención de los reclamados se introducen en los sistemas nacionales de cada Estado (En España la BDSN, Base de Datos Señalamientos Nacionales, con acceso a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, estatales y autonómicas).
Mediante las denominadas ?difusiones rojas? en cuatro idiomas (español, inglés, francés y árabe), tanto en documento físico como electrónico, que pueden ser consultadas en las WEB cerradas de INTERPOL de uso exclusivo policial, o en abierto para todos si así lo expresa el peticionario. Estos documentos llevan siempre fotografías del reclamado y sus impresiones dactilares, e incluso perfiles de ADN.

Los órganos operativos de la OIPC INTERPOL son la Secretaría General con sede en Lyon y las Oficinas Centrales Nacionales (OCN), una por cada Estado miembro y que se encargan de mantener el enlace con la Secretaría General, con las OCN de los Estados miembros, con los servicios policiales de cada Estado, así como con sus autoridades judiciales. La OCN española está operativa los 365 días al año y está formada en la actualidad por 46 funcionarios de policía de distintas escalas.

Difusión de órdenes europeas e internacionales de detención.

La orden europea debe servir también como orden de internacional de detención, dado que es difícil conocer a priori dónde se ocultan las personas reclamadas por la orden europea. De esta forma, además de los Estados miembros de la Unión Europea que hayan incorporado a su ordenamiento interno la Decisión marco sobre orden europea, es preciso la difusión de las búsquedas a cualquier Estado del mundo al objeto de asegurar la puesta a disposición de los reclamados ante las autoridades judiciales españolas que lo soliciten.

Por ello, y en perfecta coordinación con la Oficina SIRENE/SIS, que se encargará de alimentar el Sistema de Información Schengen para difundir las órdenes europeas entre los Estados parte en el Convenio de Aplicación de Schengen, INTERPOL difundirá las órdenes europeas, o un extracto de las mismas, por el Sistema de comunicaciones INTERPOL, una intranet de máxima seguridad:
como órdenes europeas a Reino Unido, Irlanda y, más adelante, a los futuros Estados miembros de la Unión Europea, en especial los que entrarán a formar parte en el 2004, hasta tanto en todos ellos se desarrolle el SIS.
como órdenes internacionales de detención a los 181 Estados miembros de INTERPOL (excepto a los Estados Schengen), para la detención preventiva de los reclamados a fines de extradición, que deberá ser solicitada por la vía diplomática.

Deja un comentario